La realidad de las motos

"Gracias a las políticas públicas que impulsan el transporte individual que simbolizan las motocicletas, y al apoyo del sector financiero que respalda su compra, son muchos los caleños que han logrado hacerse a uno de esos vehículos. Sin embargo, las alarmas que producen los incrementos en accidentes, números de víctimas y efectos en la movilidad, reclaman que se adopten medidas y programas que le den orden a una actividad que puede desbordarse".

Gracias a las políticas públicas que impulsan el transporte individual que simbolizan las motocicletas, y al apoyo del sector financiero que respalda su compra, son muchos los caleños que han logrado hacerse a uno de esos vehículos. Sin embargo, las alarmas que producen los incrementos en accidentes, números de víctimas y efectos en la movilidad, reclaman que se adopten medidas y programas que le den orden a una actividad que puede desbordarse. Qué duda cabe sobre el impacto positivo que ha tenido en los estratos con menores ingresos la posibilidad de adquirir una moto. Con ella han mejorado sus alternativas de transporte, además de encontrar nuevas formas de empleo, así sea en la informalidad. Además, las facilidades de financiación han impulsado la industria y el comercio de estos vehículos a niveles impensados, al convertirlos en sujetos de crédito.Pero también es innegable el otro lado de esa realidad. Es el que aparece en las estadísticas de accidentalidad, 303 muertos y 1901 heridos en los últimos diez meses. Y el que se refleja en las declaraciones de la Ministra del Transporte, quien reconoce que los peatones atropellados por los motociclistas representan el 40% de esa estadística. Es el resultado de la laxitud en el otorgamiento de licencias y de la falta de educación a los motociclistas sobre la necesidad de respetar las normas como garantía de su seguridad y de la convivencia ciudadana, así como sobre la conducta que deben adoptar para proteger su vida y las de los demás. Luego ya es hora de poner cuidado a esa realidad, que no pueden manejar sólo las autoridades municipales, a base de multas y sanciones. Ni puede controlarse apelando a restricciones como el pico y placa, que sólo aumentan el número de infracciones en mora. La decisión debe empezar por crear requisitos adecuados a una actividad de tanto peligro como el motociclismo y exigir que se cumplan las normas para conducir uno de esos vehículos, lo cual corresponde al ámbito nacional. El otro aspecto a considerar es la contradicción en las políticas nacionales sobre movilidad en las grandes ciudades y el auge del transporte individual. Es difícil de entender que mientras la Nación promueve la construcción de grandes sistemas de transporte masivo que se suponen le darán orden a la vida urbana, no interviene en una actividad que en Cali es uno de los grandes competidores del MÍO. Y se hace la desentendida ante el crecimiento del transporte ilegal en motos, o ‘moto ratones’, en el cual se pone en riesgo la vida de sus pasajeros. En efecto, por la capital del Valle circulan más de 600.000 motos, lo que da una idea de la dificultad que se está creando en su movilidad. Que va creciendo a pesar de medidas bien intencionadas como la creación del carril exclusivo. Por supuesto, la solución no está en usar la represión o reprimir la industria y el comercio de motos. Está ante todo en promover una sociedad responsable donde los conductores, los vendedores y el Estado se pongan de acuerdo para evitar los males que produce el darle la espalda al problema de las motos.