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La quimera del cambio

Octubre 11, 2020 - 06:55 a. m. Por: Editorial .

Reformar el Congreso, cambiar la forma de hacer la política para volverla más transparente, más democrática y menos centralista, propender por unos partidos que encaucen de manera eficaz el sentimiento y necesidades de los ciudadanos y tener un régimen electoral más transparente y menos expuesto a la corrupción. Esa aspiración de los colombianos, esencia de la imperiosa necesidad de devolverle credibilidad al órgano legislativo, sigue sin tener respuestas distintas a las necesidades de quienes forman parte de la clase política.

Cada legislatura se inicia con la presentación de proyectos para reformar el ejercicio de la política y acercarla al sentimiento ciudadano. Esta vez, la propuesta es ampliar en doce el número de senadores con el propósito supuesto de equilibrar la representación de las regiones, notoriamente disminuida por el descalabro que significó la creación de la circunscripción nacional.

Y así como se repite la propuesta para anular la sanción al transfuguismo, palabra que describe el tránsito del partido en el cual fue elegido un congresista a otra organización, se vuelve a plantear la polémica sobre la abolición del voto preferente, o se propone crear una lista ‘cremallera’, para alternar hombres y mujeres en esas listas y asegurar una mayor representación del género femenino en el Congreso.

Pero nada que signifique más transparencia y menos poder para las maniobras tradicionales que llevan al clientelismo, progresa en el órgano legislativo. Nada que signifique purificar el ejercicio de la política, de adecuar las instituciones a las exigencias de la inmensa mayoría de los colombianos y de construir organizaciones sólidas y respetables que acaben con los intereses personales y los partidos de garaje, pues eso significa dar un golpe a quienes manejan el poder de la política.

Igual pasa con el régimen electoral, núcleo de la transparencia que se supone debe existir en el ejercicio de la representación popular y de la democracia representativa. Por algo, el que rige en Colombia es anterior a la Constitución de 1991 y ha sido imposible cambiarlo, no obstante los reiterados escándalos sobre asuntos como la compra de votos, la alteración de resultados o el fraude que se presenta.

Es como si el Congreso estuviera de espaldas a la realidad y el mandato de los colombianos. Como si la interpretación de la voluntad popular diera paso al ejercicio de la protección de los intereses que mueven a la clase política, una vez pasan las elecciones y se consolidan los elegidos. Cabe agregar que ese mal afecta por igual a casi todo el espectro de los partidos y movimientos políticos.

Esa frustración aumenta cada semestre cuando en el Congreso aparecen de nuevo las mismas propuestas de siempre o se presentan ideas como aumentar el número de senadores, lo que antes que fortalecer la democracia, la atomiza, la debilita y la hace más costosa. Al parecer, igual que cambiar la Justicia para que funcione y se legitime, reformar la política se ha convertido en una quimera casi imposible de alcanzar para sintonizarla con las necesidades y reclamos de nuestra Nación.

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