La puerta de los sustos

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La puerta de los sustos

Mayo 24, 2020 - 06:55 a. m. Por: Editorial .

En un hecho sin precedentes por la rapidez en la entrega de resultados, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría dieron a conocer el resultado de sus investigaciones y procesos llevados a cabo con motivo de la emergencia declarada para atender la pandemia. Es la oportunidad para que los funcionarios de todos los niveles allí involucrados presenten sus descargos, demuestren su inocencia y aclaren lo que ha ocurrido con el dinero de todos los colombianos destinados a enfrentar la crisis.

Los informes presentados el pasado jueves son impactantes por sus dimensiones: la Procuraduría adelanta 512 procesos sobre contratos que superan los $400.000 millones en sobrecostos e involucran a 26 gobernaciones y 272 alcaldías en todo el país. Por su parte, la Fiscalía informó sobre las medidas de aseguramiento a 10 alcaldes así como la apertura de 15 procesos ante la Corte Suprema de Justicia a funcionarios con fuero especial como los gobernadores. Y la Contraloría reportó sobrecostos en contratos y abrió procesos de responsabilidad fiscal a seis mandatarios seccionales.

La noticia tiene aspectos positivos que deben ser resaltados: la unión de los entes fiscalizadores y de control para poner los ojos sobre el uso que los funcionarios le han dado a las atribuciones especiales que la ley les otorga para enfrentar la emergencia. La rapidez con la cual se están entregando resultados y, en algunos casos, el haber logrado que se reversen contratos en los cuales se pusieron en riesgo miles de millones de pesos del tesoro público, es decir, de los recursos que pagan los ciudadanos.

Lo que estas investigaciones ponen en evidencia es la forma en que la combinación entre la contratación pública y las declaratorias de emergencia y la urgencia manifiesta se convierten en la puerta de los sustos por donde aparece el toro indomable de la corrupción, usando un término propio del mundo taurino. Es la forma de aumentar los precios, de contratar la compra de suplementos médicos y mercados con amigos y aportantes a las campañas y de regalar alimentos con propósitos políticos, aprovechando los espacios creados por la ley y basados en la confianza a los mandatarios.

Lo que sigue debe ser el respeto por la presunción de inocencia que tienen todos los funcionarios involucrados en esos centenares de procesos. Ellos tienen el derecho a formular sus descargos, a demostrar que sus actuaciones no han sido por fuera de la ley y que han pagado lo justo de acuerdo a las circunstancias en las cuales han debido actuar.

Es de esperar que de esas respuestas salga la verdad de lo denunciado por los organismos de control, se condene a los culpables y se reconozca la inocencia de quienes la demuestren. Así se pondrá en claro que las atribuciones especiales para contratar fueron usadas en beneficio del país por encima de los bolsillos particulares y de las organizaciones políticas

Pero, sobre todo, debe resaltarse que por primera vez el Estado está actuando con la celeridad que se requiere para defender el patrimonio común a todos los colombianos de las garras de la corrupción, epidemia que destruye la fe en las instituciones.

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