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La presencia del Estado

Lo que está ocurriendo es ante todo una situación política que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad para que apoye las actuaciones dirigidas a devolverle su tranquilidad. Y aunque es necesaria la presencia de la Fuerza Pública, está claro que la solución no es por la vía militar sino con la decisión del Estado de rescatar la legalidad como base de la convivencia y la paz en el norte del Cauca y el sur del Valle.

20 de agosto de 2019 Por: Vicky Perea García

Luego de las alarmas que desde distintos sectores se han lanzado sobre la grave crisis que causa la presencia de grupos de delincuencia en el norte del Cauca, el Ministro de Defensa viajó a Popayán, donde sostuvo reuniones con las autoridades departamentales, alcaldes y voceros de los municipios afectados y representantes de los gremios caucanos.
Aunque hizo anuncios sobre el fortalecimiento de la Fuerza Pública para atender el problema, aún falta mucho para contener la embestida de la ilegalidad en la región.

Sin duda es buena noticia el que se haya informado el regreso de los dos mil efectivos del Ejército que fueron retirados hace algunas semanas, atendiendo el reclamo presentado en su momento por el Gobernador del Cauca. También alivia el saber que se enviarán tropas especializadas para enfrentar a los grupos de violencia que afectan a una población caracterizada por su multiculturalidad, que en municipios como Suárez, Morales, o Santander de Quilichao está padeciendo el acoso de quienes pretenden apoderarse de sus territorios para explotar todas las formas de violencia posibles.

En efecto, y siendo el narcotráfico el motor principal de la oleada de crímenes que afecta esa zona, no es el único. También están la minería ilegal que destruye la naturaleza y despoja a los dueños de las tierras, el secuestro y la extorsión que según informaciones supera las veintidós personas en los últimos días, y el asesinato de líderes sociales, de soldados y policías o de integrantes de las guardias indígenas.

Debe recordarse que el problema abarca a Florida y Jamundí, municipios del Valle que están padeciendo la amenaza. Cabe destacar que en la zona montañosa de éste último, en especial en el corregimiento de Villa Colombia y sus veredas aledañas, se están presentando secuestros masivos de quienes pretenden obligar a suspender las labores de erradicación de los cultivos ilícitos. Y no menos preocupante es la situación que se vive en la región del Naya, convertida en el corredor por el cual se transporta la cocaína hacia el Pacífico.

Así las cosas, y para evitar confusiones, es preciso insistir en la necesidad de tener una visión amplia de lo que está sucediendo en la región. Es un problema que no se reduce sólo al Cauca ni afecta de manera exclusiva a las comunidades indígenas que sufren la presión del narcotráfico.

Por el contrario, todo indica que allí se reúnen todas las agrupaciones de delincuencia, llámense como se llamen, para amenazar a los miles de colombianos que allí residen. Con ello están sembrando la zozobra y las dudas entre los ciudadanos mientras aprovechan las diferencias para imponer sus intereses criminales.

Lo que está ocurriendo es ante todo una situación política que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad para que apoye las actuaciones dirigidas a devolverle su tranquilidad. Y aunque es necesaria la presencia de la Fuerza Pública, está claro que la solución no es por la vía militar sino con la decisión del Estado de rescatar la legalidad como base de la convivencia y la paz en el norte del Cauca y el sur del Valle.

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