La polémica de las visas

La polémica de las visas

Mayo 13, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Aunque el gobierno de los Estados Unidos, como cualquier país del mundo, tiene plena autonomía para otorgar visas de entrada a su territorio o para cancelarlas cuando a bien tengan, lo ocurrido con varios Magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Colombia ha dejado suspicacias. Que ojalá tengan explicaciones para evitar que se produzcan conflictos innecesarios como los que se han presentado.

Los tres magistrados, Éyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia, y Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, de la Constitucional, a los cuales se les ha cancelado la visa de ingreso no son acusados de conductas susceptibles de investigaciones judiciales o que causen perjuicios a los intereses de los Estados Unidos o de cualquier país. Sin embargo, al afirmar el comunicado expedido por su embajada que “El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa”, siembra inquietudes serias sobre la conducta de quienes forman parte de dos de las más importantes instituciones de nuestra Justicia.

No hay dudas sobre que “todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”, como reza el documento. Es decir, nadie ha cuestionado la legalidad de esa decisión, que forma parte de la soberanía de los Estados. Pero para esa delegación debe quedar claro que con ello produjo una conmoción en la opinión pública de Colombia, más aún, cuando en las últimas semanas se han producido expresiones de sus autoridades sobre el proceso de paz con las Farc o sobre la extradición de uno de sus dirigentes que tramita la Jurisdicción Especial de Paz.

También es claro que el Gobierno Nacional no puede intervenir en un proceso adelantado de acuerdo a los principios de respeto que guían la diplomacia y las relaciones internacionales. Pero ello no puede ocultar las consecuencias que en nuestro país se han derivado de la medida del gobierno estadounidense, la principal de las cuales es la sospecha sobre el interés de influir en decisiones que deban tomar los jueces, además de las especulaciones sobre su integridad o de un posible sesgo político en las determinaciones que tomen sobre la extradición o la aplicación del acuerdo alcanzado con las Farc.

Así las cosas, la decisión de suspender las visas a los Magistrados no puede ser objetada por su legalidad, ni se puede poner en duda la autonomía del gobierno de los Estados Unidos para decidir quién ingresa a su país o su potestad de guardar silencio sobre sus negativas. Tampoco se puede desconocer que, como dice el comunicado, los Estados Unidos valoran “la soberanía de Colombia y lo esencial de sus instituciones democráticas”. Pero, qué duda cabe, ya empezó a tener consecuencias de carácter político en Colombia, en momentos en los cuales la unión contra el narcotráfico y para derrocar la dictadura en Venezuela requiere de una relación a toda prueba.

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