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La nueva demanda

"Dígase lo que se diga con respecto a reconocerle jurisdicción a la Corte de la Haya en la definición de los límites de Colombia, la demanda deberá ser contestada por nuestras autoridades puesto que la denuncia del pacto de Bogotá que nos liga con ese tribunal aún no ha surtido sus efectos. Lo cual quiere decir que tendremos que defendernos con los argumentos necesarios para garantizar la vigencia de nuestros derechos".

19 de septiembre de 2013 Por:

"Dígase lo que se diga con respecto a reconocerle jurisdicción a la Corte de la Haya en la definición de los límites de Colombia, la demanda deberá ser contestada por nuestras autoridades puesto que la denuncia del pacto de Bogotá que nos liga con ese tribunal aún no ha surtido sus efectos. Lo cual quiere decir que tendremos que defendernos con los argumentos necesarios para garantizar la vigencia de nuestros derechos".

Como se esperaba, Nicaragua presentó otra demanda ante la Corte Internacional de La Haya, dirigida a ampliar su territorio en el Mar Caribe. Lo que significan otros diez años de incertidumbre a la espera de una decisión que puede ser tan extraña como la expresada por la Corte en el fallo del pasado 24 de noviembre, donde nuestro país fue perjudicado.Mediante la demanda, Nicaragua le solicitó al Tribunal que fije “el curso preciso de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de la plataforma continental que pertenece a ambos países más allá de los bordes delimitados por la Corte en su fallo del pasado 19 de noviembre de 2012”. Para ello argumenta las dificultades que nuestro Gobierno ha puesto para negociar los límites, y su urgencia de aplicar el pacto de Bogotá antes de que se haga efectivo el retiro de nuestro país.Dígase lo que se diga con respecto a reconocerle jurisdicción a la Corte de la Haya en la definición de los límites de Colombia, la demanda deberá ser contestada por nuestras autoridades puesto que la denuncia del pacto de Bogotá que nos liga con ese tribunal aún no ha surtido sus efectos. Lo cual quiere decir que tendremos que defendernos con los argumentos necesarios para garantizar la vigencia de nuestros derechos. Y significa aprender de la mala experiencia que tuvimos al confiar en la decisión de un tribunal que desconoció los derechos históricos de las comunidades que habitan el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reduciendo este a una suma de “enclaves”, es decir, de islotes aislados. Los argumentos del gobierno de Daniel Ortega se basan en el nuevo concepto de la plataforma extendida contemplada en el Tratado del Derecho del Mar, del cual no forma parte Colombia. Bajo ese concepto, Nicaragua reclama 150 millas adicionales a las 200 que le reconoció el fallo de noviembre. Y aunque excluye cualquier posible litigio con los demás países fronterizos, implicará que el territorio del demandante puede llegar a 100 millas náuticas de Cartagena. Un verdadero despropósito que busca también obligar a la Corte a fijar los límites sin esperar a la negociación de un tratado con Colombia. Y que puede llevar a que Nicaragua reclame de nuevo la soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia, a pesar de la sentencia del 2007, dictada por la misma Corte.Pero también es una amenaza, en la medida en que el asunto ya no se basará en consideraciones jurídicas si no en estudios geológicos con los cuales Nicaragua tratará de demostrar su pretendida soberanía. Lo cual quiere decir que se abre una nueva posibilidad de otra sorpresa desagradable. Y si bien el fallo se producirá dentro de otros diez años, Colombia no puede bajar la guardia ni un solo instante. Así lo dice la experiencia que culminó en el fallo de noviembre. Aunque está claro que esta nueva demanda no debe prosperar porque no reconocemos el Tratado de Derecho del Mar, no podemos caer en los problemas que hoy nos tienen en el dilema de reconocer o rechazar el fallo del 25 de noviembre de 2012, lo que de paso también pone en duda nuestro histórico acatamiento al Derecho Internacional. Estamos advertidos.

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