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La nación y la provincia

"Desde siempre, el debate sobre los cambios constitucionales se refiere en forma casi exclusiva a la relación entre los tres poderes públicos y la representación política en el Congreso de la República. Pero nada se dice sobre los problemas que afectan al gobierno de la provincia colombiana, ni al desequilibrio que existe entre los ingresos de la Nación y la escasez que padecen la inmensa mayoría de las administraciones municipales".

21 de septiembre de 2014 Por:

"Desde siempre, el debate sobre los cambios constitucionales se refiere en forma casi exclusiva a la relación entre los tres poderes públicos y la representación política en el Congreso de la República. Pero nada se dice sobre los problemas que afectan al gobierno de la provincia colombiana, ni al desequilibrio que existe entre los ingresos de la Nación y la escasez que padecen la inmensa mayoría de las administraciones municipales".

En discusión la reforma presentada por el Gobierno sobre el equilibrio de poderes, es necesario anotar que el replanteamiento entre la administración central y los gobiernos regionales y municipales sigue brillando por su ausencia. Al parecer, no son suficientes los fracasos que han generado el desequilibrio entre el poder casi ilimitado que tiene el Ejecutivo Nacional y las frecuentes angustias que padecen la gran mayoría de los 32 departamentos y de los 1.102 municipios en que se divide la administración pública en Colombia.Desde siempre, el debate sobre los cambios constitucionales se refiere en forma casi exclusiva a la relación entre los tres poderes públicos y la representación política en el Congreso de la República. Pero nada se dice sobre los problemas que afectan al gobierno de la provincia colombiana, ni al desequilibrio que existe entre los ingresos de la Nación y la escasez que padecen la inmensa mayoría de las administraciones municipales. Así mismo, ninguna medida se ha tomado para corregir los defectos que afectan la credibilidad de instituciones como la elección popular de alcaldes y gobernadores, o la vigilancia a sus actuaciones y el control que debe ejercerse sobre el manejo de los recursos destinados a atender las necesidades de los ciudadanos. Aunque se hayan destituido miles de gobernantes y funcionarios municipales y departamentales desde que entró en vigencia la Constitución de 1991, ello no significa que se hayan aplicado los correctivos necesarios para impedir los ataques de la corrupción al tesoro público, estrechamente ligados al clientelismo que actúa sin control y sin responsabilidad alguna frente a la población. Ahora se sugiere unificar los períodos del Presidente de la República con el de los mandatarios locales y departamentales. Pero no se explica qué beneficios le traerá a los colombianos y no aparece el interés por darle mayor autonomía administrativa y financiera a las entidades del Estado más cercanas al ciudadano. Aunque parece ser suficiente con cambios como el de la repartición de las regalías, en la práctica existen enormes limitaciones impuestas por el centralismo con el que se manejan. Ese ejemplo es sólo uno de tantos que demuestran la desconfianza que existe entre los niveles de la administración del Estado en Colombia, y refleja también la distancia que los colombianos han tomado de sus gobernantes locales y regionales. Frente a ello, tampoco es posible encontrar una propuesta para definir el papel que cumplen los departamentos y las asambleas departamentales. Y qué decir de entidades como las contralorías que sólo son citadas cuando se habla de reducir los costos, a pesar de la concentración del poder que ello implica. En el Congreso de la República avanza el proyecto sobre el equilibrio de los poderes públicos, de gran importancia para la buena marcha del Estado. Sin embargo, los problemas que padece la provincia no dan espera. Por eso, ya va siendo hora de pensar en los departamentos y municipios, la base sobre la cual descansa la atención de las necesidades ciudadanas.

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