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La lucha de nunca acabar

Mayo 24, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Treinta años y $2600 millones es lo que se necesitará, como mínimo, para recuperar las 26 hectáreas que las autoridades le confiscaron a la minería ilegal en López de Micay, al sur del Cauca. El problema es que esa actividad ilícita en Colombia parece como una Hidra de Lerna, a la que por cada cabeza que se le corta le salen dos nuevas.

El operativo realizado de manera conjunta por el Ejército, la Armada Nacional y la Fiscalía, en el que participaron 180 personas, se demoró un año en concretarse. Ese fue el tiempo que se necesitó para descubrir cómo era el negocio, determinar que la mafia detrás de él era el Eln y reconocer que esa actividad es ahora más lucrativa que el mismo narcotráfico, como lo revelan las cifras: en esas 26 hectáreas se extraían al mes 600 gramos de oro, que después se comercializaban en el mercado, incluso en el legal, por un valor de $900 millones.

Si hoy en territorio colombiano hay 107.000 hectáreas dedicadas a la minería ilegal, como lo dio a conocer hace un par de meses el coronel Carlos Alberto Montenegro Maya, comandante de la Brigada dedicada a combatir ese delito, basta con hacer unas pocas operaciones matemáticas para comprender la magnitud del problema que tiene Colombia. Y para saber que serán necesarias todas las fuerzas del Estado para poder enfrentarlo, así como para obtener los resultados que demandan tanto el medio ambiente del país como la salud de los colombianos, al igual que la economía nacional.

En este espacio se ha repetido infinidad de veces cómo la extracción minera ilegal es un cáncer que se extiende sin control, acaba con las cuencas hídricas, desvía el curso de los ríos o los sentencia a muerte como ocurrió con el Sambingo en el Macizo Colombiano o casi pasó con el Dagua en el Valle. También se ha denunciado la contaminación que produce el mercurio en las fuentes de agua y los efectos sobre la salud de las comunidades que viven en sus alrededores, se abastecen o derivan su sustento diario de ellas.

El daño a la economía del país es evidente. Se sabe que el 80% de la minería en Colombia es ilícita, que la falta de controles efectivos permite negociar en los mercados legales lo que se extrae y además facilita el lavado de activos. Más preocupante es que pese a los esfuerzos de las autoridades ha sido imposible detener la destrucción de los recursos naturales o desmantelar las organizaciones criminales que como el Eln o las mafias llegadas desde Brasil, Asia o África, están detrás del negocio en casi 300 municipios y 20 departamentos del país.

Decisiones como dedicar el 10% de la Fuerza Pública al control ambiental y a combatir los delitos conexos son loables, al igual que el compromiso por hacer leyes más duras para perseguir y castigar a los culpables. Ojalá todas esas acciones demuestren su efectividad muy pronto, porque Colombia y sus recursos naturales no soportarán mucho más el daño que causan esas 107.000 hectáreas dedicadas a la minería ilegal, ni que el negocio se siga multiplicando, al igual que las cabezas de la Hidra, tal como ha ocurrido hasta ahora en el territorio nacional.

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