¿La ley de la selva?

Algo muy grave está pasando en la sociedad colombiana y requiere respuestas para evitar consecuencias mayores. Y para recuperar los principios elementales que permiten la convivencia y la civilización por encima de la venganza o las acciones con las cuales se expresa la indignación y el rechazo a los actos antisociales sin esperar la actuación de las autoridades.

El comentario nace de la recurrente ocurrencia de hechos en los cuales los ciudadanos asumen la sanción a los delincuentes, llámense raponeros, ladrones o de cualquier otra especie, cuando son sorprendidos en flagrancia. Muchos son los videos que son amplificados por las redes sociales, donde se muestra a la ciudadanía castigando a quienes sorprenden cometiendo delitos, mientras las autoridades legítimas aparecen mucho después, casi a rescatar o a salvar la vida y la integridad de quienes deberían ser capturados y conducidos ante la Justicia para que respondan por sus actos y reciban la pena que establecen las leyes.

Pero sucede que la impunidad y las ventajas que reciben quienes son capturados en cumplimiento de los principios legales propician que obtengan poca o ninguna sanción. La inmensa mayoría de quienes cometen delitos en apariencia menores como el raponazo o el robo de celulares son liberados o se les entregan beneficios como la casa por cárcel. Como consecuencia, el Estado de Derecho queda desairado, el ciudadano se siente burlado y la sociedad se indigna.

Eso es el mejor incentivo para que crezca la justicia por mano propia, la negación de la ley como árbitro y defensora de la sociedad. Por inexplicable que sea, en Colombia parece imposible revisar el sistema penal y penitenciario para adecuarlo a las realidades que vive nuestra Nación y las necesidades de seguridad y protección que tienen los colombianos. Como consecuencia la Policía y los organismos de seguridad se ven limitados en su accionar, lo que a su vez acaba con la confianza en el Estado e incentiva la reacción contra el delito y los delincuentes.

No es desnudando a dos mujeres acusadas de hurto en Cali, o con la lapidación de autores de robos y hurtos que se están presentando en el país, como se debe responder a la delincuencia o perseguir y castigar a sus autores. Eso es la negación del ordenamiento jurídico como el instrumento creado para garantizar la paz de la sociedad, y de la civilización que impide la violencia, así sea como reacción a hechos que atentan contra los derechos de la gente.

Colombia necesita que haya rápida y cumplida justicia, que se acabe con la impunidad que protege a los delincuentes y que se destierre la tolerancia a quienes cometen delitos con frecuencia, aprovechando la ineficacia y la debilidad del Estado para perseguir conductas que siembran miedo y destruyen la convivencia. Así como es necesario combatir las grandes organizaciones criminales, es más que urgente recuperar la credibilidad en la ley y en las autoridades como garantes de la seguridad y del castigo al delito.

Y que se haga un esfuerzo para detener la propensión a aplicar justicia o venganza, lo más parecido a la ley de la selva.