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La Justicia cuestionada

Hoy, Colombia atraviesa la peor crisis institucional. Su Justicia está cuestionada y es necesario actuar con presteza para evitar que el servicio público más importante para mantener la civilidad de la Nación siga siendo objeto de controversias e ineficiencias que destruyeron su buen nombre.

22 de marzo de 2015 Por:

Hoy, Colombia atraviesa la peor crisis institucional. Su Justicia está cuestionada y es necesario actuar con presteza para evitar que el servicio público más importante para mantener la civilidad de la Nación siga siendo objeto de controversias e ineficiencias que destruyeron su buen nombre.

Tras las declaraciones del magistrado Jorge Pretelt a un medio de comunicación radial, la Justicia en Colombia ha llegado a una situación sin precedentes que demanda acciones para devolverle su credibilidad. Además de superar los problemas que produce su posición personal, el reto es allanar los cuestionamientos y las costumbres que impiden a los tribunales actuar con la transparencia que demanda la Nación.Sin duda, la dificultad del momento es resolver si el Magistrado se queda en su cargo y con las competencias que le reconoce la ley. Por lo que él ha expresado, y ante la negativa del Senado de la República de otorgarle una licencia, el funcionario no puede dejar de asistir a la Corte, de integrar las Salas que conforman la Corporación y de atender los casos que están a su estudio.Algo difícil, ante la confrontación que producen sus declaraciones del pasado viernes, cuando dijo, “si me voy yo nos vamos todos”. ¿Acaso se referirá el Magistrado a que las irregularidades de las cuales se le acusa también fueron cometidas por sus compañeros de Corte? Porque, si así fuera, su obligación es presentar una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo contrario, es decir su silencio, es ya inaceptable.A propósito de la Comisión de Acusaciones, esta sería otra instancia para evitar los problemas y las incomodidades ocasionadas por la no renuncia del magistrado Pretelt. Se trata de la potestad que tiene para suspenderlo mientras adelanta las diligencias e investigaciones sobre los hechos de los cuales se acusa al funcionario. Sin embargo, la historia de esa Comisión no es la mejor en lo que se refiere al progreso de los procesos a su cargo, y mucho menos en la toma de decisiones como la que se comenta, por lo cual, una suspensión podría ser contraproducente. Queda entonces abierta la confrontación entre los magistrados de la Corte Constitucional. Y, sobre todo, la posibilidad de que ella desemboque en una parálisis del Órgano encargado de revisar que se cumpla la Constitución Nacional. De ese tamaño es el conflicto que hoy está viviendo la Justicia colombiana. Conflicto inaceptable para los más de 40 millones de ciudadanos que nada tienen que ver con el enfrentamiento que se está produciendo ni con las acusaciones al Magistrado en cuestión.De ello se desprende algo más acuciante aún para las instituciones. Es la necesidad de emprender cuanto antes los cambios que se requieren en la Justicia. Para hacerla más efectiva y responder al clamor nacional que reclama contra la morosidad y la politización que la están afectando; para devolverle la transparencia que le han quitado los escándalos frecuentes y las manipulaciones, para devolverle la majestad que jamás debió perder en medio de un clientelismo inaceptable y vergonzoso. Hoy, Colombia atraviesa la peor crisis institucional. Su Justicia está cuestionada y es necesario actuar con presteza para evitar que el servicio público más importante para mantener la civilidad de la Nación siga siendo objeto de controversias e ineficiencias que destruyeron su buen nombre.

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