La insolvencia de Venezuela

Las acusaciones ante la Corte Penal Internacional de la Fiscal General de Venezuela contra Nicolás Maduro y cuatro de sus ministros, es la última de las noticias graves que se reciben de la nación vecina. Pero con seguridad no serán las últimas, ante el deterioro acelerado de un país destrozado por la mezcla de populismo, dictadura, corrupción y violencia que representa el sucesor de Hugo Chávez Frías.

La doctora Luisa Ortega Díaz pidió la detención de Maduro y de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres. Según la Fiscal, que debió huir para eludir la persecución de la que fue objeto cuando se atrevió a disentir de los procederes de la dictadura, esos personajes son responsables de 8290 muertes de venezolanos entre el año 2015 y el 2017, “todas bajo las órdenes de Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social”.

Ese es el resultado de haber asumido la violencia sistemática como medio para instaurar el comunismo en Venezuela. Y de haber soltado las amarras para imponer la división de la sociedad como método de gobierno que lleva a la exclusión, a la destrucción de la economía, al establecimiento de las carencias en alimentos, fármacos y servicios como instrumentos para dominar la sociedad y acabar las libertades.

Y como si fuera poco, ya es un hecho la declaración de ese país en ‘default’ o deudor insolvente, a pesar de tener las reservas petroleras más grandes del mundo. El resultado puede ser más catastrófico y más terrible aún para el drama humanitario que crece por minutos, puesto que implica no tener capacidad para pagar la importación de alimentos que no se producen pues se arruinó el sistema productivo, y se detuvo la posibilidad de atender la demanda de fármacos e insumos médicos que requiere esa nación.

Esa realidad ya no puede ser cubierta con la retórica antiimperialista, ni con la denuncia de amenazas contra la soberanía y el pueblo de Venezuela. Esas intimidaciones nacen ante todo de un gobierno inmoral en el cual campea el más aberrante despojo de los recursos públicos y que está dedicado a desarticular cualquier intento de construir una opción capaz de derrumbar el régimen basado en unas fuerzas militares corrompidas por el poder y el dinero.

Por supuesto, las maniobras para asfixiar las voces contrarias seguirán en aumento mediante instrumentos como una Asamblea Constituyente dedicada a legalizar el abuso. Y con mecanismos como la ‘ley contra el odio’ que liquidará la posibilidad de disentir o de criticar el andamiaje que se tomó al Estado.

Ante la imposibilidad de movilizar de nuevo al pueblo venezolano para destruir la tiranía, queda el recurso de aplicar sanciones como las impuestas por la Unión Europea, de movilizar a la Corte Penal Internacional como lo solicita la fiscal Ortega y recurrir a las penalidades económicas que son producto de la insolvencia financiera y moral en que está sumida Venezuela.