La improvisación es el enemigo

El déficit de agentes de Policía en Cali, por el cual ha reclamado con razón el Alcalde de la ciudad, no puede quedarse en justificaciones como las del Ministro de Defensa. Limitar la respuesta acudiendo sólo a razones presupuestales redunda en el incumplimiento de uno de los deberes principales de Estado, la defensa de los ciudadanos ante la inseguridad.

En el caso de la Policía Metropolitana de Cali, se requiere que a los 6900 uniformados que prestan sus servicios en ella se sumen por lo menos otros 1500 para llegar a niveles adecuados. Con ello debería asegurar la operación y garantizar la seguridad y la tranquilidad que demandan las más de tres millones de personas que viven en el área.

Es claro que las decisiones judiciales que redujeron el tiempo de servicio de los policías de 25 años a 20 para obtener la pensión sacó de la institución a más de 38.000 agentes. Además, la sentencia tendría implicaciones económicas superiores a los $600.000 millones de pesos anuales, según una proyección realizada hace unos años.

El problema para Cali es que la situación descrita impide a la Nación atender sus compromisos. Lo grave es que con ello aumenta el riesgo para la ciudadanía y son los delincuentes los que resultan beneficiados de lo que a todas luces es una improvisación.

En efecto, graduar policías es un proceso que no puede hacerse de la noche a la mañana, pues además de vocación, demanda un alto nivel de formación. Por ello resulta inexplicable que no se haya hecho el esfuerzo que ello implica, a pesar de que se sabía la emergencia que podía presentarse en caso de que se produjeran los fallos.

Ahora, Cali enfrentan el riesgo de no tener cómo cubrir un vacío que incide en los niveles de delincuencia e inseguridad. Es el resultado de la falta de previsión del Estado al no tener planeada una respuesta ante la salida de los uniformados.

De otra parte, y aunque en los últimos 20 años se ha fortalecido la institución policial y se han capturado más personas, el sistema de protección, prevención y castigo al delito no se adecúa a ese cambio. Por ello, además de que no hay policías suficientes, en Cali tampoco hay cárceles capaces de alojar los detenidos por ese aumento.

En la ciudad no se construye un centro de reclusión en los últimos 10 años, a las estaciones de Policía no les cabe un preso más y no hay condiciones para atender a los reclusos. El resultado es que medidas como la casa por cárcel se aplican ante todo por la incapacidad de cumplir las detenciones que estipula la ley. Y mientras se pretende aumentar las penas a delitos puntuales como respuesta a presiones mediáticas, no aparece la voluntad de hacer lo necesario para prevenirlos, aumentando los policías en la calle o para hacer cumplir las penas existentes.

Así como la Policía tiene que reforzarse en las ciudades a pesar de las explicaciones del Ministro de Defensa, el sistema judicial requiere más centros de reclusión adecuados y de reformas para que haya rápida y cumplida justicia. Es decir, acabar con la improvisación para atender los justos reclamos de mandatarios como el Alcalde de Cali.
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