La historia eterna

Argumentando que el consorcio que opera la EPS Medimás pone en riesgo “la salud y la vida de sus afiliados”, la liquidadora de Cafesalud, entidad que a su vez fue vendida a ese consorcio, anunció la revocatoria del negocio. La incertidumbre vuelve a ser el signo que padecen los cuatro millones doscientos mil afilados a una entidad cuestionada incluso desde mucho antes de nacer.

A juzgar por las declaraciones de las autoridades en la materia, lo primero que debería quedar claro es que por ahora no corren peligro los derechos ni la atención de esos afiliados. Aunque, valga la oportunidad precisarlo, sus quejas por la precaria o en muchos casos nula atención han sido la constante, ocho clínicas han sido clausuradas y los trabajadores y empleados de Medimás protestan con frecuencia por la falta de pago de sus salarios y otras razones valederas.

Luego se debe reconocer que no hay orden oficial para liquidar la EPS, y lo que se ha producido es la decisión de una de las partes de cancelar la compraventa por incumplimientos permanentes del consorcio que la adquirió. La lista es larga e incluye una deuda de arrendamientos por más de $120.000 millones, el no cumplimiento del pago de las acciones por más de $70.000 millones, además de complejos movimientos societarios y beneficios otorgados a los socios y las fallas en los servicios que se comprometieron a prestar a quienes conforman la entidad de salud más grande del país.

Y se debe precisar también que la decisión no fue tomada por la Procuraduría General de la Nación. Lo que se produjo fue una acción de la liquidadora de Cafesalud en respuesta a un requerimiento en el cual el órgano de control advirtió la infinidad de irregularidades que se estaban presentado en Medimás desde antes de la licitación que terminó adjudicando una entidad que a su vez venía de los descalabros de Saludcoop y luego de la misma Cafesalud.

Queda por conocerse la posición oficial del Ministerio de Salud, de la Superintendencia del ramo y del Gobierno Nacional sobre lo que no es otra cosa que el último capítulo de una crisis eterna, nacida de la unión entre el populismo que no cumple lo que promete, el clientelismo que lo aprovecha y la corrupción que ha hecho su agosto con la Salud en Colombia. Mientras la Justicia castiga a quienes se aprovecharon de las malas administraciones, el gobierno del presidente Iván Duque tiene la oportunidad y el deber de acabar con esa incertidumbre y con los vicios que amenazan la prestación de un servicio público vital.

Es claro entonces que Medimás seguirá existiendo aunque en forma paralela se desaten toda suerte de controversias jurídicas, demandas, tribunales de arbitramento, asesorías y apelaciones en los cuales, a no dudarlo, se consumirán energías y recursos preciosos para resolver la crisis de la salud. Y se sabe también que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría Nacional estarán vigilantes para tratar de salvaguardar los derechos de cuatro millones doscientos mil colombianos hoy inmersos en el remolino de la incertidumbre.