La guerra en el San Juan

Gran parte de Colombia está satisfecha con los resultados que han tenido las gestiones para acabar la violencia guerrillera mediante la negociación, esfuerzos que ya empiezan a dar frutos en todo sentido. Sin embargo, el drama que padecen zonas como el río San Juan y sus esteros en el Chocó y el Valle, demuestran hasta dónde la ausencia del Estado sigue siendo determinante de unas realidades aún sombrías para millones de colombianos.

Entre el domingo y el lunes pasados, El País publicó dos crónicas sobre lo que está ocurriendo en esa zona, antes tranquilas y de vida apacible y hoy escenarios de tragedias causadas por violencias sin límites, ayer epicentro de culturas pacíficas y ahora víctimas de la ambición del narcotráfico y la guerra por el control territorial para explotar su posición estratégica para la siembra de cultivos ilícitos y la exportación de las drogas.

En esas crónicas se desnuda en toda su extensión la realidad que padecen los habitantes de municipios y corregimientos como Carrá, Docordó, Litoral de San Juan, Aguaclara, Cabecera, Pizarro, Isla Mono, Los Pereas, Tordó, o Taparalito, para solo citar algunos. Son nombres que nunca aparecen en las noticias ni son conocidos por el resto de la Nación, salvo por los terribles crímenes que cometen quienes han desatado una guerra en la cual los muertos los ponen las comunidades víctimas del horror.

Según los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, 15.000 personas han sido desplazadas del Bajo San Juan. Seres humanos pertenecientes a comunidades indígenas y negras que han tenido allí su medio y fueron desarraigados. Ahora andan errantes, en busca del apoyo y la ayuda oficial para subsistir, con la esperanza de que algún día puedan retornar a sus hogares.

Sus culturas y sus tradiciones fueron arrasadas por la irracionalidad de una guerra entre criminales de varias denominaciones que se disputan el dominio sobre las siembras de coca que destruyen la selva y los cultivos tradicionales, y de las salidas al mar Pacífico por los esteros del San Juan. Muchos de esos ciudadanos desplazados deben hacinarse en albergues improvisados, en coliseos deportivos y escuelas, o salir a rebuscarse en Cali una forma de vida para atender sus familias.

En esa zona se han cometido toda clase de atropellos contra la dignidad humana, empezando por el asesinato y la vejación, por la extorsión y la condena a trabajar para los narcotraficantes o el ELN, o condenados a la muerte o el desplazamiento que los convierte en personas necesitadas del apoyo humanitario. Es allí donde el Estado no está para prevenir y garantizar el ejercicio de los derechos y a duras penas cumple el papel de auxiliador para las víctimas de la violencia.

Ante el drama que se está produciendo en el San Juan y del cual son víctimas miles de personas que allí habitaban, lo que se necesitan son respuestas efectivas. Esos colombianos están necesitando al Estado para que los proteja y les permita recuperar lo que les han arrebatado quienes aprovechan los vacíos para imponer el imperio de la muerte para enriquecerse.