La fuga de la excontralora

La señora Morelli abandonó el país el pasado domingo, alegando falta de garantías y profiriendo acusaciones graves contra el fiscal Eduardo Montealegre y al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo Ríos, y afirmando que no regresaría al país mientras no encuentre seguridades para la defensa de sus derechos. Por supuesto, el hecho genera rechazo en la medida en que se puede interpretar como una burla, otra más, realizada por dignatarios del Estado que usan su doble nacionalidad, o el exilio, para huir de la justicia y evadir las responsabilidades que asumieron al jurar sus cargos.

La doctora Sandra Morelli, quien desempeñó la Contraloría General de la República hasta hace pocos días, salió del país aduciendo falta de garantías en los procesos que le adelanta la Fiscalía General de la Nación. Con ello, además de aumentar el número de altos funcionarios del Estado que usan el expediente del exilio para hacerle un esguince a la obligación de acatar las decisiones judiciales, demuestra también la crisis de confianza en que ha caído la justicia en Colombia. La doctora Morelli ha sido reconocida por su enfática lucha contra muchos de los actos que han amenazado el patrimonio de todos los colombianos, como fue la investigación profunda a los malos manejos de los recursos públicos en Saludcoop, por 1,4 billones de pesos. En esos hechos, la excontralora vinculó al hoy Fiscal General de la Nación, aduciendo que él fue asesor de la EPS intervenida. Esa polémica es de dominio general y aún no ha sido aclarada como corresponde. De otra parte, la exfuncionaria también ha estado en el centro de las controversias por actuaciones que le han generado denuncias penales, como el alquiler de un inmueble que sirviera de sede a la entidad a su cargo, acusación que ha sido acompañada por la Auditora General de la Nación. Ese hecho, entre otros, llevó a que la Fiscalía le formulara cargos por “peculado y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales”, de lo cual está pendiente la audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que debe celebrarse hoy, en la cual era posible que se le dictaran medidas de aseguramiento.Pero la señora Morelli abandonó el país el pasado domingo, alegando falta de garantías y profiriendo acusaciones graves contra el fiscal Eduardo Montealegre y al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo Ríos, y afirmando que no regresaría al país mientras no encuentre seguridades para la defensa de sus derechos. Por supuesto, el hecho genera rechazo en la medida en que se puede interpretar como una burla, otra más, realizada por dignatarios del Estado que usan su doble nacionalidad, o el exilio, para huir de la justicia y evadir las responsabilidades que asumieron al jurar sus cargos.La fuga de la excontralora debe ser rechazada, así existan los antecedentes y las explicaciones que ella adujo en su extenso comunicado. Es que así la Fiscalía pidiera su encarcelamiento como medida preventiva, con la imputación de cargos sus derechos quedaban en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, la facultad de definir su situación y de ofrecerle las garantías y el debido proceso a que tiene derecho la señora Morelli como ciudadana. Es decir, de jueces independientes del fiscal Montealegre.El episodio deja un sinsabor sobre lo que ocurre en Colombia con la Justicia y la renuencia a cumplir sus mandatos, así existan temores como los expresados por la excontralora. Y más allá de pedir medidas que no conducen a ninguna parte, lo que debe exigirse es responsabilidad a los funcionarios que deben dar ejemplo de acatamiento a las normas y los principios que hacen posible la vigencia de un Estado de Derecho.