La eterna historia de los paros

"Que haya derecho a la protesta social, es inobjetable; que el Estado deba escucharlas y darle respuestas, es lo menos que se espera en un país democrático. Pero ello no debe dar lugar a compromisos imposibles de cumplir, ni a asfixiar la economía y el desarrollo de millones de personas, la inmensa mayoría de los colombianos, ajenos a esos movimientos".

Mientras el paro agrario y campesino cumple una semana, para mañana fue anunciado el inicio de otro movimiento similar, el de un sector de camioneros. En ambos casos la causa es la misma y la forma en que se desarrollan es idéntica, causando un grave daño al resto del país.Como ya es conocido, el origen de esas protestas está en el incumplimiento, supuesto o real, de los compromisos que han adquirido los gobiernos, casi siempre producto de las presiones y el afán por levantar los bloqueos. En algunos casos, esas manifestaciones han sido menospreciadas por las autoridades para después tener que ceder ante las vías de hecho. En otras, la largueza de los negociadores ha comprometido al Estado en concesiones que por sus características se pueden calificar como imposibles de cumplir. Es el caso de las reivindicaciones de los grupos indígenas del Cauca que, además de ascender a sumas imposibles de pagar, aumentan las razones del conflicto al firmarse la promesa de entrega de tierras que atentan contra los derechos adquiridos con justo título por ciudadanos.Como resultado de ese tira y afloje ya crónico y sin solución, el país, y en especial el Suroccidente, son sujetos constantes de bloqueos en sus carreteras. Y de manifestaciones en las cuales se producen confrontaciones con la Fuerza Pública, que debe ser movilizada para tratar de impedir que las protestas perjudiquen al resto de la Nación. Ese es el papel que cumple el Esmad de la Policía Nacional, en función de proteger el derecho a la movilidad de millones de colombianos y de evitar que se conviertan en rehenes de quienes protestan.En desarrollo de esos paros se han producido hechos de sangre lamentables en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, así como en la carretera a Buenaventura. Por supuesto, esos sucesos hay que investigarlos y si se encuentra responsabilidad en los miembros de la autoridad, hay que sancionarlos. Sin embargo, no es secreta la presencia de guerrillas y de agentes de la violencia interesados en llevar la movilización más allá de una protesta social pacífica, usándola como herramienta para estigmatizar a la Fuerza Pública.De otra parte, para este lunes se anuncia un paro de transportadores. Ellos también reclaman por el incumplimiento en los acuerdos económicos y exigen más reivindicaciones. La respuesta será igual: establecimiento de mesas de negociación que terminan en compromisos apresurados, mientras las carreteras son bloqueadas y el resto de la sociedad amenazada por la escasez y la especulación que originan las protestas. Es el caso de Popayán y de muchos municipios del sur de Colombia, cuyas dificultades parecen ser la cuota que se le exige a la población civil. Hasta cuándo, es la pregunta que debe hacerse ante la recurrencia de esas movilizaciones. Que haya derecho a la protesta social, es inobjetable; que el Estado deba escucharlas y darle respuestas, es lo menos que se espera en un país democrático. Pero ello no debe dar lugar a compromisos imposibles de cumplir, ni a asfixiar la economía y el desarrollo de millones de personas, la inmensa mayoría de los colombianos, ajenos a esos movimientos.