¿La estocada final?

"En lo que podría considerarse como la estocada final a la libertad de prensa en Ecuador, está a punto de ser aprobada por la Asamblea General de Diputados la Ley Orgánica de Comunicaciones, llamada ‘ley mordaza’ debido a los excesivos controles y limitaciones que impone a los medios y al periodismo".

En todos los países y en todas las épocas la relación entre la prensa y los poderes públicos y privados está expuesta a conflictos. Y es natural que así sea. La prensa, en su condición de guardián de la democracia y defensor de la ciudadanía sobre lo que la afecta y es de su interés, actúa para descubrir lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca. Tal diferencia obliga a mantener la independencia entre el Estado y la prensa para convivir mientras desarrollan las actividades que deben beneficiar a la sociedad. Pero una cosa es la convivencia y otra es que los gobernantes hagan uso del poder de manera ilegítima o arbitraria para limitar o cercenar las libertades de expresión y de prensa. Eso sucede en Ecuador, donde su Presidente acude a medidas de toda índole para silenciar a la prensa. Su margen de tolerancia frente a la crítica y a la información que no le favorece es nula. Y no desaprovecha oportunidad para insultar y descalificar periodistas y medios. Rompe periódicos, tacha de corruptos, mentirosos, cobardes, sicópatas, tontos, ignorantes y otros epítetos a directores de medios, periodistas y directivos de organizaciones civiles que defienden la libertad de expresión. Promueve y apoya leyes que limitan la libertad e independencia de los medios. Utiliza medidas administrativas de carácter fiscal o laboral para presionar a medios y periodistas. Demanda a unos y otros por vías penales y civiles. El presidente Rafael Correa no se detiene en sus propósitos. En lo que podría considerarse como la estocada final a la libertad de prensa en Ecuador, está a punto de ser aprobada por la Asamblea General de Diputados la Ley Orgánica de Comunicaciones, llamada ‘ley mordaza’ debido a los excesivos controles y limitaciones que impone a los medios y al periodismo. El proyecto promovido por el Gobierno desconoce la obligación del Estado de garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión consagrado en la Constitución de Ecuador y en los tratados internacionales aplicables en el país vecino. Y convierte lo que hasta hoy ha sido el ejercicio de un derecho fundamental en un servicio público sometido al control y vigilancia del Gobierno. Abre la puerta para intervenir contenidos, establece sanciones y responsabilidades que ponen en riesgo la subsistencia de los medios, y estimula la concentración de la información en los medios públicos.Como si fuera poco, por iniciativa del gobierno de Correa se crearía una Superintendencia de Comunicaciones que podrá intervenir en el funcionamiento de los medios. Y se elevaría a delito de “linchamiento mediático” la investigación periodística, especialmente la que denuncia la corrupción oficial. Es decir, investigar se volvería imposible.Además de afectar a la prensa ecuatoriana, la aprobación de esta ley sería un duro golpe contra la libertad de expresión, información y prensa en el mundo. Las sociedades civilizadas consagran la inviolabilidad y protección de estos derechos. ¿Por qué permitir entonces que Ecuador se aparte de ese principio, fundamental para que la democracia viva y los ciudadanos puedan ejercer el control de la actividad oficial y privada?