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La endemia de la corrupción

Y se pone de presente la necesidad de crear conciencia sobre la urgencia de aplicar la ética antes que insistir en tratar de resolver todos los problemas mediante la expedición de normas que crean nuevos caminos para que la política y la administración sean contaminadas por la endemia de la corrupción.

26 de noviembre de 2017 Por: Editorial .

En un nuevo intento por enderezar los procesos de contratación pública para combatir la corrupción, el Congreso de la República aprobó esta semana la nueva ley sobre la materia. Pendiente de su conciliación, y de la revisión que limpie la iniciativa de los ‘micos’ ya denunciados, lo que debe quedar claro es la necesidad de promover un cambio de actitud que sirva para proteger el erario de los peligros que lo acechan.

Cabe anotar que la iniciativa contiene progresos importantes en la simplificación de los trámites y requisitos para contratar con el Estado. Además, incluye reformas que agilizarán la adquisición de predios necesarios para realizar las obras públicas y la posibilidad de realizar proyectos relacionados con la construcción de escuelas, cárceles y hospitales mediante el mecanismo de las Alianzas Público Privadas.

Según se conoce, la ley es otro esfuerzo por cerrar las venas rotas del Estado a través de la contratación hecha a la medida. Al crear un contrato tipo que deberá ser aplicado en todos los niveles de la administración pública se pretenden enviar un mensaje a los departamentos y municipios donde esa práctica es usual, y se relaciona en forma directa con el clientelismo.

Allí está una de las grandes preocupaciones que deja la ley aprobada en el Congreso. Si bien esa intención es destacable, debe preguntarse por qué no tiene dientes para castigar la costumbre de las campañas políticas a todo nivel financiadas por los contratistas. Es esa una de las principales causas del fenómeno que se queda con más de cincuenta billones de pesos al año e impide atender las necesidades de millones de colombianos.

Y es la fuente permanente de escándalos que no parecen tener fin. Odebrecht y su intervención en las campañas presidenciales ha sido tan nefasto como el reguero de pequeños, medianos y grandes contratistas que tienen en los presupuestos municipales y departamentales la ubre que alimenta sus bolsillos, mientras el país se llena de obras mal hechas, inconclusas o en muchos casos ni siquiera se inician.

Y de servicios que se contratan con empresas ficticias o sancionadas por defraudaciones en asuntos tan sensibles como la alimentación escolar o la educación.

Sin embargo, esa realidad no fue tenida en cuenta al momento de debatir en el Congreso la norma. Como no lo fue la observación del Contralor General de la Nación sobre la existencia de un artículo que crea la obligación del Estado de indemnizar la corrupción cuando se declare la nulidad por objeto o causa ilícitos de un contrato en cualquiera de sus modalidades .

Ahora, el Contralor pide que no sancione la ley debido a ese grave inconveniente. Con lo cual se pone en entredicho el esfuerzo y se produce un revés serio para la aspiración de purificar la administración pública y darle eficiencia a la contratación.

Y se pone de presente la necesidad de crear conciencia sobre la urgencia de aplicar la ética antes que insistir en tratar de resolver todos los problemas mediante la expedición de normas que crean nuevos caminos para que la política y la administración sean contaminadas por la endemia de la corrupción.

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