La encrucijada del Catatumbo

Sin embargo, reconocer esa carencia no puede significar que se legitime la fuerza para mantener un paro que está golpeando en primer lugar a los campesinos que pretenden representar los promotores. La protesta social es connatural y esencial a la democracia, como expresión de los ciudadanos. Pero se desvirtúa cuando, como todos los hechos lo indican en este caso, es usada con propósitos distintos y es permeada por grupos como las Farc, comprometidos en unos diálogos para buscar la paz y empeñados en demostrar su capacidad de perturbación.

Pasados 37 días sin encontrar aún el acuerdo que permita levantar el bloqueo en la región del Catatumbo, la Nación se pregunta qué más puede hacer el Gobierno para lograr que los promotores del movimiento crean en su compromiso de encontrar soluciones a los reclamos, muchos de ellos justos, de los manifestantes. Pero también para evitar que las vías de hecho y el chantaje se impongan como herramienta eficaz para conseguir reivindicaciones del Estado.Durante todo este tiempo, el Gobierno ha usado todos los argumentos posibles para hacer entrar en razón a quienes mantienen bloqueada una región martirizada por toda clase de carencias y afectada por años de presencia guerrillera, de reacciones paramilitares y de una persistente recurrencia de los grupos criminales. Todo ello es producto de la ausencia del Estado como promotor del desarrollo y como garante de la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.Sin embargo, reconocer esa carencia no puede significar que se legitime la fuerza para mantener un paro que está golpeando en primer lugar a los campesinos que pretenden representar los promotores. La protesta social es connatural y esencial a la democracia, como expresión de los ciudadanos. Pero se desvirtúa cuando, como todos los hechos lo indican en este caso, es usada con propósitos distintos y es permeada por grupos como las Farc, comprometidos en unos diálogos para buscar la paz y empeñados en demostrar su capacidad de perturbación.El asunto es que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para atender la protesta y ofrecer soluciones a peticiones que, como la creación de una Zona de Reserva Campesina, no necesariamente resolverán los problemas del Catatumbo, y menos serán una respuesta inmediata. Entendiendo la desconfianza por años de incumplimientos y abandonos, también es necesario pedir a los manifestantes que le otorguen credibilidad a gestos como el envío de delegados, negociadores, ministros y, por último, al Vicepresidente de la República.De otra parte, también es necesario respaldar a la Fuerza Pública en su actuación para impedir que la protesta se transforme en las asonadas y la destrucción que se produjo en su inicio, lo que no implica defender la impunidad a los hechos que constituyan abusos. Y esperar a que la Justicia dictamine si existieron excesos, antes de condenar sin mayores elementos de juicio a la Policía, como lo hizo el delegado de la ONU para los Derechos Humanos. En vez de aportar a la concordia y el restablecimiento del orden, esa actuación ligera exacerba los ánimos e impide que la autoridad sea reconocida en el papel que le ordena la Constitución.Sin duda alguna, los campesinos del Catatumbo deben ser oídos y sus problemas tienen que ser atendidos. Pero Colombia no puede vivir en medio de un paro indefinido que tiene un propósito legítimo pero está siendo utilizado por algunos con propósitos distintos a la resolución de los hechos que originaron la protesta. Lo contrario es aceptar que las vías de hecho y la política desvirtúen la esencia de la protesta social.