La emergencia electoral

"Frente al riesgo en el que están los próximos comicios regionales y ante la emergencia anunciada por las autoridades electorales, otra vez es necesario preguntar qué impide adelantar las reformas que le entreguen las herramientas necesarias al CNE para combatir los delitos y prácticas amañadas que tergiversan la voluntad popular y deslegitiman las elecciones populares".

A cuarenta días de las elecciones municipales y departamentales en las que los colombianos elegirán sus gobiernos regionales y locales, la Nación se enfrenta de nuevo a la avalancha de denuncias sobre fraudes e interferencias indebidas para falsear la voluntad popular. Es el mal crónico que se repite, sin que se puedan encontrar las soluciones para defender la pureza y la transparencia del proceso que legitima la democracia.La declaración de emergencia que anunció el Consejo Nacional Electoral muestra las dificultades que tiene el organismo encargado de garantizar el normal desarrollo de los comicios. Según el CNE se han detectado delitos como el trasteo y la compra de votos en 800 de los 1.096 municipios del país, que de no resolverse antes del 25 de octubre desdibujarán la realidad política en el 73% del territorio nacional. Una verdadera amenaza, que sin embargo no es nueva.El tamaño de las irregularidades es de tal proporción que en poblaciones como Cota, en el departamento de Cundinamarca, se anuló el 76% de las cédulas inscritas para votar. Si ello ocurre en un municipio ubicado a 15 kilómetros de la capital de la República, donde es fácil el acceso de las autoridades encargadas de vigilar los procesos electorales, ¿qué sucederá en las regiones más apartadas del país o en zonas de conflicto como Vichada, Caquetá o Putumayo?La comisión de tales delitos es la historia recurrente en Colombia, que refleja un sistema poco creíble, en el que no se puede confiar y que demuestra con esas manifestaciones fraudulentas cómo la política es cada vez más un negocio económico. Ese es el resultado de tener una legislación electoral llena de huecos y vicios, con un Código Nacional decretado en 1986, anterior a la Constitución del 91, que ha sido imposible de reformar.El absurdo es de tal tamaño que da para pensar que todo el mundo político está de acuerdo para impedir el cambio. Nada parece suficiente para que se realicen las transformaciones que demanda el sistema electoral. A la vez, decisiones como la modernización y sistematización de los comicios, que permitan el voto electrónico así como la identificación biométrica, se quedan apenas en experimentos que esperan una mano caritativa que luche contra la falta de recursos y decisión.Frente al riesgo en el que están los próximos comicios regionales y ante la emergencia anunciada por las autoridades electorales, otra vez es necesario preguntar qué impide adelantar las reformas que le entreguen las herramientas necesarias al CNE para combatir los delitos y prácticas amañadas que tergiversan la voluntad popular y deslegitiman las elecciones populares, así como para investigar y sancionar a tiempo a quienes las promueven o practican.El Congreso de la República tiene el deber de hacer los cambios legislativos que le den transparencia y seguridad al sistema electoral. Adelantar la reforma que demanda el Código Nacional Electoral sería un buen principio para comenzar a devolverle la credibilidad a una de las instituciones más desprestigiadas del país en la que no confía el 75% de los colombianos.