La emergencia del Estado

Es explicable que las dificultades por las que atraviesa el país, comunes a casi todo el planeta, hayan afectado todos los aspectos de la vida nacional e institucional. Ahora, además de recuperar cuanto antes la actividad que evite la profundización de la crisis que aqueja a la sociedad, también es urgente y necesario reactivar el Estado para que cumpla sus funciones.

En medio de las difíciles situaciones que se han presentado en los últimos tres meses debe reconocerse que el órgano Ejecutivo, o por lo menos una parte importante de él, ha actuado con rapidez para enfrentar el contagio. Y es claro que junto con las autoridades monetarias han tomado medidas dirigidas a morigerar los graves problemas que padecen los sectores económicos, así como el apoyo a miles de familias y empresas para que puedan superar los apuros causados por el confinamiento de la sociedad.

Pero también es cierto que la inmensa mayoría de sus dependencias han debido paralizar gran parte de sus actividades, en especial las que se relacionan con la educación en las zonas rurales o donde no es fácil acceder al internet o la atención al público que necesita solucionar sus problemas con la intervención de las autoridades. Y la Fuerza Pública ha hecho grandes esfuerzos por mantener la seguridad y la tranquilidad, así como por apoyar las decisiones sobre el aislamiento que en algunas ciudades llega al toque de queda.

Otro tanto ocurre en el Legislativo, más grave si se quiere. Es claro que las medidas suspendieron su actividad durante un mes y las limitaciones que presentan las sesiones virtuales han significado el hundimiento de muchas iniciativas, algunas de ellas de gran importancia para la vida institucional del país. No obstante, se han hecho esfuerzos notorios por ejercer el control político, así como se han tratado en ellas los asuntos que se relacionan con la atención a la emergencia.

Queda el órgano Jurisdiccional, quizás el más afectado en su funcionamiento. Aunque se registran actuaciones de la Fiscalía General en el combate al delito y las Altas Cortes han seguido trabajando en los temas de su competencia, la suspensión de términos y de la atención al público en los tribunales y juzgados de todo el país se han convertido en una barrera que impide al ciudadano resolver los asuntos que están en manos de esas dependencias, dificultando la aplicación de la rápida y cumplida justicia que esperan los colombianos.

Hay pues un gran represamiento en la actividad pública. Y si se miran las dificultades económicas y logísticas que ya muestran departamentos y municipios para atender las necesidades de los ciudadanos, puede verse clara la emergencia que atraviesa el Estado en su conjunto.

Por ello parece llegado el momento de revisar lo que está sucediendo y actuar para evitar consecuencias peores como la precariedad en la vida democrática. Así como es necesario revivir la vida económica y social, es imperioso devolverle el aliento a las instituciones constitucionales y legales para que puedan atender los problemas que están afectando a toda la Nación, así como prepararse para el complicado futuro que nos espera.