La deuda ecológica

"Ayer fue el día del agua en el mundo. Y a juzgar por las informaciones sobre lo que ocurre a diario en nuestro país, las cosas no parecen marchar por el camino adecuado, a pesar de contar con herramientas que, como la ley 99 de 1993, parecían ser modelo en la definición de un modelo idóneo para proteger el medio ambiente".

Doscientos municipios de Colombia con dificultades para el suministro de agua potable en un país que se precia de ser reserva del planeta, deberían movilizar al país en defensa de su ecosistema, y a conciliar la obligación de conservar sus reservas naturales con la necesidad de explotar sus riquezas para beneficio de la sociedad. Es el desafío de establecer una política basada en el desarrollo sostenible.Ayer fue el día del agua en el mundo. Y a juzgar por las informaciones sobre lo que ocurre a diario en nuestro país, las cosas no parecen marchar por el camino adecuado, a pesar de contar con herramientas que, como la ley 99 de 1993, parecían ser modelo en la definición de un modelo idóneo para proteger el medio ambiente. Cuando no son los desastres producidos por los cambio climáticos y agravados por la depredación de las cuencas hídricas, es el fracaso de instituciones como las corporaciones regionales, que terminaron en manos del clientelismo y la corrupción, dejando a casi toda Colombia sin capacidad de impedir que la mano del hombre siga produciendo daños irreparables.Por supuesto, de ello no se salvan las grandes ciudades que no cumplen con sus obligaciones de defender el ecosistema a pesar de contar con instrumentos legales para ello. Cali es el peor de los ejemplos: hace 17 años cuenta con el Dagma para ejercer la autoridad sobre el medio ambiente. Sin embargo el recuerdo sobre su actuación se refiere a los escándalos sobre adquisición de tierras y a los roces con la CVC por la sobretasa ambiental que pagan los caleños. Nada de actuaciones que corrijan la creciente contaminación del aire, que detengan la polución sonora o que defiendan los siete ríos que atraviesan la ciudad y hoy están convertidos en cloacas. En esa misma línea están los destrozos causados por la minería ilegal que produce daños en el Pacífico, en el sur de Bolívar, en el río Atrato, en los Santanderes o en los Llanos Orientales. A lo que deben agregarse las consecuencias que ha producido en el departamento del Cesar la masiva explotación del carbón, cuyos daños son denunciados por los habitantes de la zona y los moradores de Santa Marta, o de los sitios por donde es embarcado el mineral para su exportación, sin lograr respuestas. Se sabe que está en desarrollo un plan nacional para dotar de agua potable a todos los municipios. Sin embargo, hay que registrar que aún no se empieza a aplicar el Plan de Salvamento del río Cauca que pomposamente fue consignado en un documento Conpes, hace dos años. Lo cual lleva a reclamar que se cambie la retórica oficial, asumiendo la obligación de crear conciencia y actuar en defensa del equilibrio ecológico. El Gobierno Nacional ha anunciado que revivirá el Ministerio del Medio Ambiente, dando a entender la importancia que tiene para nuestra Nación. Ojalá esa decisión sea acompañada de acciones que demuestren compromiso en la protección del ecosistema. Siempre será mejor pensar en el país que le dejamos a las generaciones futuras a tener que lamentar el destrozo irreparable que le causamos a su medio ambiente por cuenta de las ambiciones y las omisiones del presente.