La cruda realidad

De nuevo la señora gobernadora del Valle tiene que alertar al Estado Central para que actúe con decisión en la erradicación de los sembrados de coca en la zona rural de Jamundí y en el combate a las bandas criminales que se disputan el control de esa zona. Y en Cali se registra la disminución de los Policías, lo cual es un riesgo para la ciudadanía y para el combate a la delincuencia.

En apariencia, son dos hechos sin relación. El primero es de carácter rural y en él están involucrados los carteles internacionales de las drogas ilícitas que se alían con grupos de delincuencia con todas las denominaciones posibles para aprovechar la debilidad del Estado en la zona. El segundo, es producto de las necesidades y limitaciones de la Policía Nacional para suministrar los mil efectivos que el Ministro de Defensa ofreció hace diez meses a la ciudad.

La verdad es que hay relaciones indudables entre esas realidades. Como la segunda ciudad del país, Cali ofrece todas las condiciones para que el narcotráfico adquiera bienes, servicios y mercados para su actividad criminal. Y tener los sembrados de coca a menos de una hora de su casco urbano está detrás de los índices de criminalidad que golpean a nuestra sociedad.

Pero también destruyen la tranquilidad de Jamundí, cuya área es jurisdicción de la Policía Metropolitana. Aunque en la zona rural se está produciendo una labor por demás loable de las Fuerzas Militares, lo cierto es que la situación de su casco urbano es demasiado preocupante y requiere de medidas que hoy son difíciles de aplicar debido a las limitaciones en el personal de la Metropolitana.

Y qué decir de la situación que siguen padeciendo los municipios del norte del departamento del Cauca, donde el Ejército y la Policía también hacen grandes esfuerzos. Esa es otra realidad incontrastable que potencializa los peligros que acechan en las calles de Cali, donde el llamado microtráfico desencadena frecuentes vendettas, además de envenenar a la juventud.

Es claro que las autoridades militares y de Policía están haciendo su mejor esfuerzo por atender la seguridad de la región y combatir las organizaciones criminales que la amenazan. Pero también es evidente que padecen limitaciones, pese a los compromisos que el Gobierno Central adquiere en cada Consejo de Seguridad y en cada visita de funcionarios como el Ministro de Defensa.

De la presencia de los carteles mexicanos en la zona y en el Pacífico ha dado cuenta el Defensor del Pueblo. Es el corredor del narcotráfico que llega al mar, y que es soportado por las ventajas que ofrece Cali en materia logística y de servicios.

Esas circunstancias son las que obligan a exigir una atención urgente a los reclamos que en reiteradas oportunidades han hecho las autoridades del Departamento y de los municipios donde se están viviendo las consecuencias de la combinación indudable entre el empuje de las organizaciones criminales por el control territorial y las limitaciones del Estado en el suministro de los recursos y el personal necesarios para enfrentar esa amenaza.

Esa es la cruda realidad que ha denunciado nuestra región. Ignorarla, callarla o esconderla sería irresponsable.