La conversación nacional

Luego de las movilizaciones del pasado veintiuno de noviembre, Colombia ha registrado varios hechos que desembocaron en la propuesta del Presidente de la República sobre un diálogo que debe servir de orientación para buscar consensos que definan el rumbo de la Nación. Es la posibilidad de producir transformaciones aunque es necesario que quede claro el respeto por la institucionalidad.

Esa institucionalidad está representada por la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico que se ha construido a través de la historia. Cabe recordar que en esa elaboración han intervenido en primer lugar los partidos políticos que han llegado al Congreso en representación de los votantes, los Jueces a través de sus sentencias, los dirigentes nacionales, regionales y locales, así como todas aquellas personas que desde organizaciones civiles han desempeñado un papel importante como representantes y voceros de los sectores que constituyen nuestra nación.

Ahora, y a raíz de las manifestaciones, el presidente Iván Duque hizo un llamado a lo que llamó la conversación nacional para auscultar las inquietudes y las propuestas que produzcan transformaciones. Aunque la respuesta ha sido variada, puede decirse que hasta ahora está dentro de los cauces legales e institucionales.

Sin embargo, debe reconocerse también el clamoroso rechazo de los colombianos a la violencia con la cual algunos sectores políticos pretendieron utilizar las marchas. Fue una voz rotunda y poderosa que incluyó el respaldo a la manera en que la Fuerza Pública actuó para defender a la sociedad y la condena a cualquier acto que se haya cometido desconociendo los derechos de cada ciudadano.

Hoy, el país está pendiente de ese diálogo, el cual debe ser adelantado con todos los estamentos que componen la Nación, incluyendo claro está, a quienes se proclaman promotores de la movilización del pasado 21 de noviembre. También es fundamental entender y aceptar que debe existir un orden, unos tiempos y una manera de realizar lo que se acuerde, usando siempre los procedimientos que establecen la Constitución y las Leyes de Colombia.

No es pues momento para tratar de desconocer el orden jurídico ni las instituciones que le dan vida, como parecen entenderlo algunos sectores. Esas instituciones, como los poderes Legislativo y Judicial, están vivas, tienen sus atribuciones y son participantes obligados en los acuerdos que se alcancen y la manera de aplicarlos.

Aceptar esos presupuestos es fundamental para que se le pueda reconocer cualquier clase de vocería a los que se proclaman líderes del paro. Como también es imprescindible que se renuncie a la violencia, se reconozca la autoridad del Presidente de la República y la división de funciones que consagra nuestra Carta Magna.

Así, el diálogo nacional podrá realizarse interpretando la protesta y beneficiando a toda la ciudadanía. De lo contrario, muchas de las exigencias que se están presentando pasarán a ser un inaceptable ejercicio de política partidista y de confrontación que desconoce el Estado Social de Derecho establecido en nuestra Constitución.