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La burla de las invasiones

Agosto 05, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

A lo largo de tres kilómetros de la vía con mayor visibilidad posible aparecieron cambuches, banderas y corrimientos que indicaban la llegada de una plaga, la peor contra el derecho a la propiedad y la estabilidad jurídica. Es la invasión de tierras, manejada con pericia y aprovechando que el Estado parece ausente de esas realidades que desconocen el ordenamiento jurídico creado para asegurar la tranquilidad de los colombianos.

En un fin de semana fueron erigidos doscientos de los “asentamientos humanos precarios”, como los denominan los expertos en esa clase de problemas. En la jurisdicción del municipio de Restrepo en el Valle, al borde de la carretera que de Buga conduce a Buenaventura, aparecieron en tres lotes de propiedad del Instituto Nacional de Vías las construcciones que indican el descarado desconocimiento de esa propiedad, que no por el hecho de ser de una entidad pública puede ser desconocida.

A juzgar por la manera en que los terrenos fueron distribuidos en lotes, todo indica que fue una operación bien planeada y ejecutada. Y su motivación también tiene los ingredientes necesarios para considerarla una “acción humanitaria”: la pobreza que deja la pandemia y la necesidad de conseguir un techo, así sea en sitios ajenos donde no existen condiciones para levantar viviendas, no hay servicios públicos, y es altísima la posibilidad de contagiar a las más de mil personas que allí se instalaron, incluidos ciudadanos venezolanos.

Fácil es, según las autoridades, encontrar la trama de esa toma. Detrás de ella están organizaciones especializadas en invadir y aprovechar el complejo mundo de normas que imposibilitan la reacción oportuna de las autoridades para impedir el abuso, de corrupción que anula la acción oficial y de los legítimos propietarios, y de políticos que pretenden conseguir votos con la supuesta e ilegal entrega de vivienda.

Llámense terreros, invasores o empresarios, esas organizaciones son producto de una absurda confusión del Estado en la protección de los derechos de los ciudadanos y la definición del bien común a toda la sociedad. Como ocurre en Cali, donde según informes oficiales del 2017 hay hoy 223 invasiones que se tomaron 2000 hectáreas en terrenos que no ofrecen seguridad a sus ocupantes y destruyen a diario el medio ambiente. Son 300.000 familias, el 45% de Cali, que viven en esos “asentamientos humanos precarios” la manera de definir los enormes riesgos que padecen quienes además se toman los servicios públicos que pagan sólo el 55% de los habitantes de la capital vallecaucana.

Ahora, y aprovechando la confusión causada por el Covid-19, los invasores se toman una vía nacional, organizados y con supuestos títulos. Es la violación de los principios de orden consagrados en la Constitución y las leyes que hacen posible la convivencia y la estabilidad de la Nación.

Ante semejante desafío, el Estado debe tomar las acciones y establecer los procedimientos que sean necesarios para impedir en forma eficaz las invasiones que además de una burla a las instituciones es un gran negocio para sus promotores y un peligro enorme para los invasores.

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