La burla a la Justicia

La burla a la Justicia

Febrero 10, 2019 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

Se supone que la ley penal se estableció para sancionar las conductas que le hacen daño a la sociedad y establece medidas para propiciar la rehabilitación de quienes sean sindicados. Pero lo que está sucediendo en Cali da para pensar que la manera en que se está aplicando es el mayor estímulo a la impunidad y la puerta para la delincuencia.

Así lo muestra el informe especial que se publica en esta edición. La detención domiciliaria o casa por cárcel es un mecanismo creado para proteger la integridad de la familia y ofrecer al detenido o condenado la posibilidad de salir de las cárceles, siempre que cumpla normas mínimas de seguridad y ante todo se comprometa a no cometer más delitos.

Pero eso no se cumple. Más preciso, el Estado es incapaz de hacer cumplir esos preceptos, puesto que la crónica falta de recursos para atender el sistema penitenciario y la renuencia de los municipios y del Gobierno Central para atender esa obligación está llevando a que no haya espacio en los centros de detención ni guardianes para controlar los miles de detenidos que se hacinan en condiciones infrahumanas.

Ante esa realidad los jueces prefieren otorgar la detención domiciliaria, disfrazada de acción dirigida a garantizar los derechos de quienes son reos por delitos en muchos casos atroces. Según funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, en Cali son 4.315 condenados o detenidos los que disfrutan de la medida, mientras sólo se destinan seis guardas para vigilar que esas personas cumplan con sus obligaciones.

Es decir, a cada guarda le corresponde vigilar 720 de esos beneficiarios de la casa por cárcel, y si se propusiera visitarlos a todos, tendría que hacer 102 visitas al día, durante una semana, incluyendo sábados y domingos. Es un imposible total que lleva al incumplimiento de personas condenadas por delitos como asesinato, atraco a mano armada, extorsión, violencia intrafamiliar y todos esos actos que atemorizan a la sociedad y crean la sensación de inseguridad.

El resultado es que la inmensa mayoría de esos delincuentes vuelven a las calles a seguir con sus fechorías, como lo expresan las autoridades de policía y lo reconocen los jueces. Es la burla a la ley que termina siendo un incentivo para la criminalidad, en lugar de ser el instrumento con el cual se castiga las conductas antisociales. La prueba está en los índices de reincidencia de esos beneficiarios y la incapacidad estremecedora de las autoridades para romper ese círculo vicioso.

Se habla de la crisis de la Justicia y se han presentado decenas de reformas para resolverla, en las cuales prima la persistencia en reacomodar las relaciones con las Altas Cortes. Sin embargo, el informe de El País muestra que la crisis está dejando al ciudadano desprotegido por razones que pueden y deben resolverse con decisiones que no requieren de esos cambios constitucionales.

Es cuestión de voluntad política para evitar que la ley siga siendo un rey de burlas a causa de la falta de recursos para aplicarla, que protege a los delincuentes y deja a la sociedad en condiciones de inferioridad para defenderse de la delincuencia.

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