La amenaza permanente

"Sea cual fuere el calificativo que se le otorgue a la acción de los secuestradores, y al margen de los análisis que deban hacerse sobre la actuación de la Fuerza Pública, lo cierto es que con esa ‘retención’ masiva se revivieron los peores momentos para los colombianos, en los cuales existían territorios bajo el control de las Farc en las cuales los ciudadanos no podían transitar"

Mientras Colombia sigue empeñada en su deseo de lograr la paz, la respuesta que recibe a cambio de quienes encabezan las organizaciones a las cuales se les ofrece el diálogo y la solución pacífica es la violencia contra sus ciudadanos, para quienes todavía existen territorios vedados donde la guerrilla impone sus requisitos. Por eso, antes que seguir dividiendo al país entre los amigos y los enemigos de la paz, es necesario preguntar cuál es el aporte de las Farc a la búsqueda de una salida que permita su reintegración a la sociedad. Lo ocurrido en inmediaciones de San José del Caguán con un numeroso grupo de excursionistas que se dirigía a la serranía de La Macarena es la negación de cualquier voluntad de paz. Doscientos excursionistas fueron retenidos por la guerrilla durante varias horas y obligados a pagar por su libertad y la devolución de sus vehículos. Fue una demostración de poder que terminó en una extorsión contra personas desarmadas, configurando así un abierto desafío a la legitimidad y un desconocimiento de la libertad y los derechos más elementales. Sea cual fuere el calificativo que se le otorgue a la acción de los secuestradores, y al margen de los análisis que deban hacerse sobre la actuación de la Fuerza Pública, lo cierto es que con esa ‘retención’ masiva se revivieron los peores momentos para los colombianos, en los cuales existían territorios bajo el control de las Farc en las cuales los ciudadanos no podían transitar. Lo que lleva a preguntarse en qué condiciones están quienes viven de manera permanente en la zona donde se produjo el hecho y cuál es la posibilidad de devolverles las libertades que debe garantizarles el Estado colombiano. Es claro que en el acuerdo que dio vida a los diálogos de La Habana no se consideró la posibilidad de detener las acciones de guerra como requisito para adelantar el proceso. Pero lo ocurrido en el Caquetá no puede calificarse como un acto de guerra protagonizado por la Fuerza Pública. También es incuestionable que ninguno de los integrantes de la caravana que fue víctima de la retención tenía la característica de ser combatiente o de pertenecer a algún cuerpo de seguridad. Ninguno tenía un arma y muchos de ellos eran menores de edad y personas mayores sin capacidad de adelantar una acción bélica. Entonces, ¿por qué fueron objeto de ese tratamiento que desconoció sus Derechos Humanos y puso en peligro su integridad? Y mientras eso ocurría en el Caquetá, se conocían imágenes de la delegación de negociadores de las Farc en Cuba en plácidas vacaciones que contrastan con las difíciles circunstancias en las cuales viven millones de compatriotas. Un contraste enorme que explica por sí solo las dudas que crecen en Colombia acerca de la verdadera intención de la guerrilla. Difícil de entender que mientras aquí se secuestra a personas inermes y las armas se usan para constreñir la libertad de los ciudadanos, en La Habana se reclaman prebendas y se exigen concesiones a las autoridades encargadas por la Constitución de defender la vida, honra y bienes de los colombianos.