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La amenaza es real

"Por supuesto que existe el drama social de la pobreza que lleva a buscar el sustento de cualquier manera. Pero también es incuestionable que detrás de la minería ilegal están quienes buscan hacer negocio de esa necesidad".

27 de julio de 2014 Por:

"Por supuesto que existe el drama social de la pobreza que lleva a buscar el sustento de cualquier manera. Pero también es incuestionable que detrás de la minería ilegal están quienes buscan hacer negocio de esa necesidad".

Aunque sus efectos no sean visibles, la amenaza de la minería ilegal sigue causando estragos en el medio ambiente. Y dejando víctimas en regiones apartadas como Timbiquí o en municipios cercanos como Santander de Quilichao.Hace pocos días, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi reveló que 96.958 hectáreas de las 2’894.298 que componen al Departamento tienen algún título que les permite realizar labores de extracción minera, cifra que no debería llamar a la alarma aunque sí reclama que se revisen algunos de esos títulos. Lo que debe llamar la atención es que el mismo Instituto afirme que en la realidad, son cuatro veces más las hectáreas intervenidas por la minería ilegal. Con un agravante: el uso de toda clase de químicos y maquinaria que destruyen la vegetación y envenenan las fuentes naturales del agua que en muchos casos alimentan los acueductos veredales y municipales.El ejemplo más aleccionador del daño irreparable que produce la minería ilegal está en Zaragoza, corregimiento de Buenaventura. Allí, desde el año 2009, se formó un foco donde la ambición de riqueza inmediata, la ilegalidad y la guerrilla hicieron causa común para devastar la cuenca del río Dagua. Durante largos años y pese a las innumerables denuncias, decenas de retroexcavadoras se tomaron el río y abrieron socavones donde perecieron muchas personas. No hubo castigo para ninguno de sus propietarios ni para las autoridades de Buenaventura que permitieron semejante barbaridad. Hoy, y pese a la intervención de la Policía, todavía persisten mineros y maquinaria que construyen túneles debajo de la nueva carretera, poniendo en riesgo su estabilidad.Esa conducta se ha reproducido en la región Pacífico del Valle. El río Anchicayá, varias zonas de los Farallones de Cali, incluso el Cerro de las Banderas de la ciudad, son objeto de una depredación constante, donde muchos arriesgan su vida. Por supuesto que existe el drama social de la pobreza que lleva a buscar el sustento de cualquier manera. Pero también es incuestionable que detrás de eso están quienes buscan hacer negocio de esa necesidad. Incluso está la ambición de las Farc, que vio en la minería ilegal un filón de recursos.Lo mismo ocurrió a diez minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, a hora y media de Cali donde hace 13 semanas murieron 12 personas. Y acaba de pasar en Timbiquí, en el Pacífico caucano, donde una mina artesanal y a cielo abierto fue escenario de la última tragedia. Siete personas perecieron al derrumbarse un socavón sobre sus humanidades. Todo el mundo sabía que esas minas existían, que eran un peligro inminente y nadie hizo lo necesario por evitar lo que se convirtió en realidad trágica. Y mientras crece la amenaza, la geografía vallecaucana se llena de cicatrices dolorosas, destructivas para el medio ambiente y peligrosas incluso para la salud pública. La naturaleza es nuestra gran riqueza. Por eso es hora de que la defendamos de la depredación que crece ante la ineficacia del Estado para defender un medio ambiente que garantice la supervivencia de los colombianos.

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