La agenda legislativa

"De qué se trata la propuesta y cuánto afectará la tan nombrada y poco efectiva descentralización administrativa, sólo se sabrá cuando se presente. Pero desde ya existen grandes preocupaciones sobre la posibilidad de que se utilice la palabra ‘modernización’ para justificar un cambio en las finanzas regionales y locales que profundice el centralismo, como ocurrió con la reforma a las regalías".

Esta semana, el Congreso de la República dará inicio a la primera legislatura de 2013. Cargada de los tradicionales temas políticos que dan vueltas en el interés de los congresistas, ellos también tendrán que ocuparse de dos iniciativas cruciales para resolver asuntos que preocupan a los ciudadanos y afectan su vida. Se trata de las reformas a la salud y a las pensiones, anunciadas ya como prioridades por el Gobierno Nacional al punto en que se ha manifestado la declaratoria de urgencia aún sin llegar al Legislativo. Con su presentación se inicia el debate formal de asuntos que llevan ya muchos meses en medio de la polémica. El caso de la salud es sin duda el de mayor interés, en la medida en que su crisis ha sido soportada por el Estado durante varios años, sin que se hayan tomado las decisiones de fondo que detengan el desangre constante causado por el desorden, la corrupción y el propósito de anteponer el afán de lucro a la atención de un derecho fundamental. Las pensiones por su parte llevan décadas a la espera de una reforma que sintonice su régimen legal a las realidades de Colombia. Sin duda es preocupante que el sistema de prima media esté desbalanceado al punto en que el Estado debe usar un porcentaje creciente del presupuesto nacional para completar las mesadas a su cargo. Y que se presenten inequidades como las de las pensiones por encima de los 25 salarios mínimos, que fueron prohibidas por la ley, pese a lo cual aún se discute su aplicación en las Altas Cortes, donde muchos magistrados se verán beneficiados o perjudicados por la decisión. El Gobierno ha dicho que su propuesta pensional busca responder a tres necesidades: cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal. Con lo cual le ha puesto un marco de referencia a lo que en muchas esferas laborales y legislativas se considera una iniciativa confusa. Parece importante registrar también que en ella no se habla de aumentar la edad de retiro o de aumentar las cotizaciones, tópicos sobre los que siempre ha girado un asunto tradicional generador de debates y polémicas. Al Congreso llegarán también iniciativas gubernamentales para reformar el régimen departamental. De qué se trata la propuesta y cuánto afectará la tan nombrada y poco efectiva descentralización administrativa, sólo se sabrá cuando se presente. Pero desde ya existen grandes preocupaciones sobre la posibilidad de que se utilice la palabra ‘modernización’ para justificar un cambio en las finanzas regionales y locales que profundice el centralismo, como ocurrió con la reforma a las regalías.Por lo demás, se espera que reviva el intento por otra reforma política que levante el veto al llamado transfuguismo o pretenda acomodar la legislación a las necesidades de quienes viven por y para la política. Aunque ya se sabe que el Gobierno descartó su apoyo a esa iniciativa, no hay que olvidar que ya empezaron las campañas para las elecciones que se celebrarán en el 2014. Y que cualquier cosa puede ocurrir en un país acostumbrado a giros inesperados para adecuar las normas a los intereses de los partidos, de los aspirantes y los dirigentes, cuando debería ser al contrario.