Justicia y política

"Dos decisiones de los últimos días ponen en primera plana la eficacia de la Justicia colombiana y el respeto por los derechos de los acusados a un juicio justo. Y el de la sociedad a conocer la verdad de unos hechos, sin duda cubierta por la intencionalidad política que hay detrás de ellos".

Dos decisiones de los últimos días ponen en primera plana la eficacia de la Justicia colombiana y el respeto por los derechos de los acusados a un juicio justo. Y el de la sociedad a conocer la verdad de unos hechos, sin duda cubierta por la intencionalidad política que hay detrás de ellos. El primero es la libertad del coronel en uso de retiro Alfonso Plazas Vega, ordenada por la Corte Suprema de Justicia mediante la casación de una sentencia que lo declaró responsable por dos desapariciones ocurridas en la retoma del Palacio de Justicia. Hace 30 años, el Coronel comandaba la unidad encargada de reaccionar contra la toma del Palacio de Justicia. 22 años después fue condenado y encarcelado con base en testimonios que, según evaluación de los fiscales y jueces de entonces, eran suficientes para demostrar su culpabilidad.Desde ese momento, Plazas Vega inició una lucha intensa por defender su inocencia y no sólo por lograr la libertad que otorga una amnistía o indulto. El pasado jueves, la Corte Suprema reconoció que las pruebas con las cuales se sustentó la condena no eran sólidas y rebatió los testimonios sobre los cuales se basó, anulando la sentencia. En síntesis, dijo el alto tribunal, que se le había desconocido la presunción de inocencia, pilar del Estado de Derecho. Durante todo ese tiempo, lo que existió fue un debate político antes que jurídico.El otro ejemplo es el proceso que se sigue al magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Por primera vez después de la absolución del expresidente Ernesto Samper, acusado de haber financiado su campaña con recursos del narcotráfico, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes llevó a término un proceso contra un aforado. Pasando por encima de centenares de denuncias que duermen el sueño de los justos, la mayoría de los integrantes de la Comisión acordó en tiempo récord acusar a Pretelt ante el Senado por los hechos que lo vinculan por un supuesto caso de concusión. Es otro caso en el cual la política tiene influencia inocultable. En él se han escuchado presiones del Fiscal General para que los Representantes tomen una decisión, y mensajes del Presidente de la República pidiendo al magistrado que renuncie para no causarle más daño al nombre de la Corte Constitucional. También, defensas del Procurador General de la Nación, quien reclama respeto al debido proceso, en tanto que el doctor Pretelt insiste en mantenerse en su cargo hasta que le demuestren que ha cometido el delito del cual se le acusa.¿Y la verdad? Al parecer, deben pasar muchos años para encontrarla con el sistema judicial que tenemos en Colombia. En el primer caso debieron pasar ocho años para reconocer lo que era evidente, según la extensa sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia. En el caso del magistrado Pretelt, el país se apresta a un debate en el cual quedarán muchas dudas sobre sus procederes, a la vez que se producirán otras tantas sobre la actuación de la Justicia como la herramienta para hallar la verdad que la sociedad espera.