Justicia y elecciones

Queda entonces claro el criterio del Tribunal, y hay que acatarlo, esperando que alguien continúe el proceso en instancias superiores. Como también queda en claro la demostración sobre la desprotección que padece el derecho a elegir y ser elegido con transparencia y alejado de las coyundas que, como en el Valle, se apoderan de la administración pública para su usufructo particular.

En apariencia, el fallo proferido la pasada semana por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle sobre las elecciones para Gobernador, realizadas en octubre de 2011, da un respaldo a la estabilidad institucional de la Administración Regional. Sin embargo, sus consecuencias pueden producir unos efectos demoledores sobre la credibilidad de los procesos electorales y la persecución al crimen que convierte en negocio vil el acceso a los gobiernos departamentales y municipales y en propiedad privada los recursos que son de toda la sociedad.No es extraño que los Honorables Magistrados no hayan encontrado en las demandas las pruebas suficientes para declarar nula la elección de Héctor Fabio Useche, destituido en pocos meses por la Contraloría General de la Nación. Lo que sí queda claro es que no existió la voluntad de llegar hasta lo profundo de una situación que preocupó al Valle del Cauca. Y que, por las características del daño que produciría en el gobierno del Departamento, debería por lo menos llevar a un reconteo voto a voto para dirimir un hecho que tuvo apagones y sorpresivos cambios, hasta ser definido en escrutinios poco satisfactorios para la guarda del interés general.El Tribunal está en todo el derecho y debe fallar según lo ordene su libre apreciación de las pruebas sobre el asunto. Pero también debe saber las consecuencias de su actuación: los autores de la trampa denunciada, muchos de los cuales fueron capturados en su nuevo intento por imponer su candidato a los vallecaucanos, ahora son cubiertos por la presunción de inocencia, lo que afectará las investigaciones que adelanta la Justicia Penal sobre sus actuaciones en anteriores procesos electorales.Queda entonces claro el criterio del Tribunal, y hay que acatarlo, esperando que alguien continúe el proceso en instancias superiores. Como también queda en claro la demostración sobre la desprotección que padece el derecho a elegir y ser elegido con transparencia y alejado de las coyundas que, como en el Valle, se apoderan de la administración pública para su usufructo particular. Porque de eso es que se trata el derecho fundamental de cualquier democracia. Sin su protección, sin el celo del Estado en su salvaguarda y la neutralidad a toda prueba de entes como la Registraduría General de la Nación, la democracia desaparece y los gobiernos se convierten en favorecedores de mangualas e intereses oscuros. Y no se trata de asumir preferencias a favor de uno u otro aspirante, o de descalificar a la Justicia por una actuación que no satisface. Por el contrario, se trata de aplicar con estricto rigor el derecho para proteger la integridad del Estado y su papel como árbitro creíble de la sociedad. Lo contrario, guardar silencio y no expresar la inconformidad, es declarar que en el Valle puede ser posible el imperio de la corrupción y el desafuero en el manejo de los asuntos públicos.