Justicia restaurativa

"Contrario a lo que algunos quieren dar a entender como la pretensión de cubrir con la impunidad y el olvido la tragedia producida por los grupos paramilitares, nuestro país ha hecho un esfuerzo supremo por tratar de encontrar una solución que, además de evitar esos fenómenos, sea útil para descubrir la verdad y reparar a las víctimas".

En tiempo récord y atendiendo la necesidad creada por la sentencia de la Corte Constitucional que anuló la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados, el Congreso de la República aprobó la ley que permitirá su reintegración a la sociedad. Un logro importante que además de evitar una crisis de proporciones dramáticas será un gran impulso a la reconciliación que necesita la sociedad colombiana.Contrario a lo que algunos quieren dar a entender como la pretensión de cubrir con la impunidad y el olvido la tragedia producida por los grupos paramilitares, nuestro país ha hecho un esfuerzo supremo por tratar de encontrar una solución que, además de evitar esos fenómenos, sea útil para descubrir la verdad y reparar a las víctimas. Tan importante intento, cuyos resultados han sido reconocidos por la comunidad internacional, se explica por el propósito de sanar las heridas dejadas por la violencia sin que ello implique una venganza o un castigo que por lo demás parece imposible de aplicar a todos los involucrados en el conflicto fratricida que vivió Colombia en las últimas décadas.Es la aplicación de la justicia restaurativa que busca la verdad a la vez que promueve la reconciliación. Aquella que ante todo reclama el respeto y la reparación a las víctimas, sin dejar de lado la necesidad de reintegrar a quienes se alejaron de la legalidad y violaron los derechos de muchas personas. La Justicia que permite suspender a los sindicados el castigo a que se han hecho merecedores por sus delitos a cambio de reconocer sus culpas y contar la verdad de los hechos en los que estuvieron involucrados, de reparar a sus víctimas y comprometerse en no volver a delinquir.Ese es el espíritu de las normas que permitieron la desmovilización de los más de 17.000 miembros de las llamadas Autodefensas, y de un número importante de guerrilleros que crece cada día ante los progresos de la Fuerza Pública en el combate a los grupos empecinados en la violencia y el terror. Vista desde otra perspectiva, la ley aprobada ahora ratifica la voluntad del Estado de continuar el esfuerzo por detener la violencia y lograr una solución civilizada e incruenta a la conflagración que ha vivido el país, sin que ello implique desconocer su obligación de hacer justicia.La norma aprobada por el Congreso será aplicada a quienes sean culpables de concierto para delinquir, y se refiere a delitos como porte de armas como consecuencia de su militancia a grupos armados. Y “crea un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica con el fin de recolectar, preservar la información que surja de los acuerdos”, a la vez que regula el tratamiento judicial y los beneficios que recibirán quienes se reintegren a la sociedad. Lo anterior no implica el perdón y olvido a los delitos atroces o de lesa humanidad cometidos por los beneficiarios de la ley. Pero sí avala el esfuerzo realizado hasta ahora, dándole una base jurídica sólida a un proceso llamado a promover la reconciliación entre los colombianos, que nace de saber la verdad histórica para no repetirla.