Justicia insegura

Justicia insegura

Agosto 29, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

La historia del Palacio de Justicia de Cali es la constancia del desinterés por uno de los servicios públicos más necesarios para mantener la concordia entre los colombianos. Ahora, después del accidente del ascensor en el cual murieron dos personas y cuatro más sufrieron lesiones de consideración, aún no se sabe qué va a pasar, cuál será la solución y quién se encargará de acabar la parálisis que padece la justicia en la ciudad.

Luego del atentado ocurrido en el 2008, el edificio quedó destruido y durante varios años los juzgados y fiscalías debieron permanecer desperdigados por toda la ciudad, a la espera de una mano caritativa que solucionara el problema. Su reconstrucción tardó más de 5 años, en los cuales debieron desarrollarse verdaderas luchas entre el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio del ramo, la Fiscalía y las autoridades del Valle y de Cali para atender una emergencia que se reflejaba en la criminalidad y los índices de impunidad.

En el 2014 cuando se dio la reapertura del edificio, se creyó que había cesado la horrible noche. Pero los empleados denunciaron los problemas con los ascensores, pues el día de la inauguración uno se descolgó entre el primer piso y el sótano. Fue el anuncio de lo que podía ocurrir y de la manera en que se actuó con improvisaciones que ahora resultaron fatales.

Pese a las denuncias constantes sobre el mal funcionamiento de los elevadores que movilizaban miles de personas al día, las cosas continuaron como si nada pasara. Incluso se ocultó que fueron modificados a punta de martillo, cincel y soplete en el sótano del Palacio, como lo reveló una entrevista publicada en este diario, una irresponsabilidad que ya pasó factura. Así continuó el uso de esos equipos, a pesar de los frecuentes sobresaltos, hasta que se produjo la tragedia.

Y nuevamente se detuvo la justicia en Cali. Sus funcionarios paralizaron sus actividades porque no se cuenta con una sede segura para que los jueces y los empleados presten el servicio y para que los caleños realicen gestiones relacionadas con la defensa de sus derechos. Otra vez, el Valle tiene que salir a reclamar al Gobierno Nacional soluciones por algo que se hizo mal desde un principio, pero nadie responde ni asume la obligación de solucionar la parálisis.

La Gobernadora del Valle solicitó al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura su compromiso para lograr salidas que garanticen el restablecimiento de las actividades del aparato judicial en la región. Es una exigencia obvia que debe ser respaldada porque Cali y el Valle no pueden seguir siendo discriminados, argumentando problemas presupuestales que no son causados por los vallecaucanos.

Cuando se habla de democracia, la Justicia se reconoce como una obligación que el Estado no debe dejar de prestar pues con ella se garantiza la convivencia. Sin embargo, lo del Palacio de Justicia es una historia de equivocaciones que no termina. El Estado debe tener despachos judiciales en condiciones dignas, con garantía de seguridad para sus operadores judiciales y visitantes. Pero Cali no parece contar.

VER COMENTARIOS
Columnistas