Jóvenes y violencia

El reclutamiento de menores de edad para involucrarlos en la violencia es una de las prácticas más despreciables, viola los derechos más elementales y es una clara transgresión al Derecho Internacional Humanitario. Colombia se enfrenta a ese flagelo y el Valle del Cauca está en alerta por lo que está sucediendo en la región.

Cuando ni siquiera se conoce la realidad de miles de niños y niñas llevados a la fuerza y con engaños a las guerrillas o a otros grupos criminales en 60 años de conflicto armado, ahora se sabe de cientos de casos más ocurridos en tiempos recientes. Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, se ha verificado el reclutamiento de menores en cinco municipios del departamento y en once poblaciones más hay serios indicios de que los grupos al margen de la ley estarían recurriendo al mismo método.

Cali, Buenaventura, Jamundí, Florida y Tuluá son las ciudades donde se han confirmado casos de adolescentes y jóvenes retenidos por los grupos al margen de la ley. Son comunidades con altos índices de violencia y donde operan las mafias del narcotráfico, las disidencias y todos los grupos de delincuencia organizada.

Lo que ocurre es de tal gravedad que este año la Defensoría del Pueblo ha emitido 24 alertas tempranas en el departamento, pidiendo a las autoridades regionales que cumplan con su deber de proteger la vida de esos menores, así como de sus familias que se encuentran en riesgo. Y que se atienda sobre todo a las comunidades más alejadas y desprotegidas que por eso mismo son las más vulnerables frente a esa amenaza.

La situación se repite en todo el territorio nacional. Según el Instituto de Bienestar Familiar se han reportado 500 menores reclutados en Colombia en lo que va del 2021, cifra que crece por la cantidad de hechos no denunciados. A eso se está llegando otra vez, y no ha sido posible acabar con esa práctica degradante. No se han podido esclarecer los 20.000 casos de niños y adolescentes que se han llevado a la fuerza o mediante engaños los grupos violentos en las últimas seis décadas.

Que el Valle viva hoy ese flagelo es más preocupante, ya que es uno de los departamentos donde hay más presencia de la Fuerza Pública y más facilidades para ofrecer seguridad. Sin embargo, eso ya no parece impedir que los violentos se infiltren en la región, amenacen, utilicen el miedo o se aprovechen de la falta de oportunidades que convierten a niños y jóvenes en meros bienes que se transan como mercancía, los involucran en la guerra o se utilizan para cometer toda clase de crímenes.

Cómo se evitará que el reclutamiento de menores siga en los municipios del Valle o en el resto del país es la gran inquietud de la sociedad. Cómo se les brindará protección, se les ofrecerán las garantías para evitar que sufran el abuso de ser sometidos y se impedirá que sus derechos humanos y su dignidad sean violados.

Colombia tiene la obligación de velar por su población más joven, la que es también la más vulnerable, si pretende tener una sociedad más sana, donde se respete el valor de la vida y se brinde la oportunidad de crecer y tener un futuro en paz.