¿Hasta cuándo?

"Si algo faltaba para acabar de desacreditar el sistema de Justicia en Colombia, lo aportó el Representante a la Cámara Constantino Rodríguez, miembro de la Comisión de acusaciones de esa corporación. Al llamar a indagatoria a los magistrados de la Corte Constitucional que tomaron la decisión de poner límites a las pensiones que exceden los 25 salarios, el aludido Representante desconoció el ordenamiento jurídico y creó un manto de sospechas sobre quienes han tenido o tienen entre sus manos la guarda de la Constitución Nacional".

Si algo faltaba para acabar de desacreditar el sistema de Justicia en Colombia, lo aportó el Representante a la Cámara Constantino Rodríguez, miembro de la Comisión de acusaciones de esa corporación. Al llamar a indagatoria a los magistrados de la Corte Constitucional que tomaron la decisión de poner límites a las pensiones que exceden los 25 salarios, el aludido Representante desconoció el ordenamiento jurídico y creó un manto de sospechas sobre quienes han tenido o tienen entre sus manos la guarda de la Constitución Nacional.La providencia involucra a los magistrados Jorge Ignacio Pretelt, ponente del fallo que tumbó las pensiones exorbitantes, y su colega Luis Guillermo Guerrero, así como a los conjueces Alejandro Venegas, Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, presidentes de la Corte Constitucional. Según el acusador, los magistrados deben ser investigados por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión, que cometieron al aplicar los principios de equidad y justicia que consagra la Carta Suprema. Lo que implica además que los hoy sindicados actuaron con el dolo propio de quienes buscan causar un daño deliberado a la sociedad.Es decir, para el representante Rodríguez, conocido por haber liberado de responsabilidades a quienes desde el Consejo Superior de la Judicatura establecieron el llamado carrusel de pensiones del cual se beneficiaron decenas de exjueces y exmagistrados, ellos son sospechosos. Para él no es necesario considerar el fondo de la decisión ni las profundas consideraciones que contiene el fallo emitido el 7 de mayo de 2013. Lo que se impone ahora es sindicar como delincuentes a quienes son respetables exponentes de la magistratura y el Derecho en Colombia. Y defender, quién sabe por qué razón o con qué motivaciones, el restablecimiento de una prebenda odiosa y discriminatoria que le ha costado miles de millones de pesos al erario, mientras son millones los colombianos que no gozan de una pensión digna. Es la desigualdad que rompieron los cinco magistrados con su decisión que está a la vista pública y que ingresan a la lista de las sospechas, por obra y gracia de quien no parece interesado en conocer cómo funciona la Justicia y cómo actúan quienes llegan a la Corte Constitucional.Esa es otra de aquellas tristezas que con frecuencia le produce al país la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde las actuaciones tienen motivaciones muy distintas al Derecho y la Justicia que deben aplicar. Suficientes pruebas existen sobre la necesidad de acabar con una corporación que sólo ha servido para promover la impunidad o para usar su poder para ejecutar revanchas, como es el caso que nos ocupa.Por supuesto, la actuación del representante Rodríguez no hará mella en la honra de los cinco magistrados que ha involucrado en delitos inexistentes. Pero si le causará otro daño grave a la credibilidad del Congreso de la República y a la respetabilidad de la Justicia en Colombia. Uno más en la larga y ya interminable cadena de desaciertos que han hecho clamar por un cambio que les devuelva la majestad a las instituciones democráticas.