Hablando de paz

Ahora se acusa al presidente Juan Manuel Santos de tener diálogos secretos con la guerrilla, dirigidos al mismo propósito. Y se pretende crear una alarma, como si la política, lo que hace un Gobierno cada día, no incluye casi de manera obligada el diálogo para buscar salidas a los problemas. Es cuando empieza a ser evidente que un tema tan sensible como ese, que debiera ser objeto de un acuerdo nacional, empieza a ser usado con intenciones partidistas, causando la natural intranquilidad.

Si se le pregunta a los colombianos cuál es su opinión sobre la posibilidad de establecer diálogos de paz con la guerrilla, en especial con las Farc, las probabilidades de conseguir el respaldo mayoritario serían mínimas. Sin embargo, si a un gobernante se le preguntara sobre la idea de entablar contactos que puedan conducir a ese fin, no sería extraño que calificara esa gestión como una obligación constitucional y moral, cuyo propósito es ante todo detener la violencia. Eso es lo que han hecho, con mayor o menor fortuna, los gobiernos de los últimos cincuenta años en Colombia. En algunos casos, como el del M-19, los contactos llevaron a negociaciones y de ahí a procesos de desmovilización, pese a actos de terrorismo crueles y terribles como la toma del Palacio de Justicia. En otros, como en el caso de las Farc y el ELN, la burla, el engaño y las dilaciones que permiten a esos grupos su rearme y la posibilidad de consolidar su imagen como movimientos políticos, han sido la constante. El penúltimo de esos intentos, el más ambicioso y el más frustrante, fue realizado por el presidente Andrés Pastrana. Despejar el Caguán y tener a los cabecillas como protagonistas de los medios de comunicación fue respondido con la peor oleada de terror que recuerde Colombia. Al abusar de la oferta que interpretaba la voluntad de los colombianos de buscar una paz negociada, las Farc no sólo frustraron el intento: también, y en primer lugar, obligaron al país a cambiar su rumbo, a endurecer la respuesta militar y a rechazar cualquier posibilidad de diálogo. Con la llegada del presidente Álvaro Uribe y la política de seguridad democrática, la Nación respaldó a la Fuerza Pública con decisión. Así se logró cambiar el destino, y la lucha contra la violencia ha rendido frutos, notorios y crecientes a pesar de los retos que plantea el terrorismo y el empecinamiento de las Farc en el terror con el cual pretende ocultar su debilitamiento evidente. No obstante esas acciones, el presidente Uribe mantuvo abiertas las posibilidades de diálogo para buscar alternativas de paz.Ahora se acusa al presidente Juan Manuel Santos de tener diálogos secretos con la guerrilla, dirigidos al mismo propósito. Y se pretende crear una alarma, como si la política, lo que hace un Gobierno cada día, no incluye casi de manera obligada el diálogo para buscar salidas a los problemas. Es cuando empieza a ser evidente que un tema tan sensible como ese, que debiera ser objeto de un acuerdo nacional, empieza a ser usado con intenciones partidistas, causando la natural intranquilidad.El asunto ahora es, más bien, que le cuenten a los colombianos qué tan avanzados están los contactos, que ya parecen ser de dominio público a pesar de las evasivas del Gobierno. Ante las inquietudes que crea la escalada de los actos terroristas, ya no parecen suficientes las metáforas de la llave de la paz. Y nada sería más nocivo que sorprender a la Nación con acuerdos que desconozcan su rechazo a negociar con quienes siempre han respondido con violencia y engaños sus deseos de paz.