Gobierno y oposición

El resultado de esa confrontación es el crecimiento de un indeseable clima de desconfianza entre los ciudadanos, atónitos ante el tono y los calificativos, o mejor, las descalificaciones que se usan para deslegitimar al contrario. Y en medio de esa guerra verbal está atrapada la Justicia, el Poder Público encargado de dilucidar las responsabilidades que correspondan a los actores principales de la política y el acontecer nacionales.

Muchos son los llamados que se han hecho para pedir mesura a los protagonistas de la vida política en Colombia. Ante el rumbo que está tomando la confrontación entre el partido Centro Democrático y el Gobierno Nacional, esos llamados adquieren mayor relevancia, como recurso apropiado para evitar que se desborden las pasiones y se menoscabe la credibilidad en las instituciones. Y no se trata de negar la necesidad de que exista la diferencia de opiniones o de propuestas políticas. Esa es la esencia de la democracia, en la medida en que lleva a crear contrapesos, fomenta el control a la actividad gubernamental y alienta a los ciudadanos a participar en el debate nacional. Quizás uno de los mayores defectos del Frente Nacional fue precisamente el haber apagado el interés ciudadano por sus partidos, y haber llevado a éstos a confundirse, al punto en que se cambiaron las diferencias conceptuales por el unanimismo incentivado por la repartición del poder. De ahí que los partidos tradicionales hayan perdido su trascendencia en la vida nacional.Pero lo que está sucediendo ahora no parece conveniente para la Nación. Más allá de la controversia entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos cuatro años y medio, lo que ocurre es un intento por deslegitimar a los protagonistas y llevar el debate a los linderos de la justicia nacional o internacional. Los unos usan la acusación para vincular a los otros con supuestos nexos con el paramilitarismo y los abusos de poder en los gobiernos del doctor Uribe, mientras los otros sacan a relucir una supuesta persecución oficial que los obliga a denunciar ante instancias como la Corte Interamericana de Justicia. El resultado de esa confrontación es el crecimiento de un indeseable clima de desconfianza entre los ciudadanos, atónitos ante el tono y los calificativos, o mejor, las descalificaciones que se usan para deslegitimar al contrario. Y en medio de esa guerra verbal está atrapada la Justicia, el Poder Público encargado de dilucidar las responsabilidades que correspondan a los actores principales de la política y el acontecer nacionales. Allí no hay reglas de juego y el desgaste lo padece la institucionalidad colombiana, de por sí golpeada por la ineficiencia, la corrupción y la morosidad en resolver las causas judiciales. Por eso, el llamado a la mesura está más que justificado. Y no se trata de solicitar que se termine el binomio gobierno oposición, que enriquece el debate democrático y crea las alternativas sobre las cuales debe decidir el ciudadano con su voto. Ni de reclamar la unión basada en el reparto del poder, la causa de muchas de las sindicaciones que afectan la credibilidad de las instituciones y su capacidad de afrontar los problemas de la Nación. Muchas cosas malas le han sucedido a Colombia por culpa de la polarización y la radicalización que desvían el debate y destruyen la confianza en el Estado. En manos de los actores de la política nacional está la responsabilidad de evitar que se repitan los errores del pasado.