Fiscal Ad Hoc

Dura y desgastante ha sido para la Fiscalía y, en general, para la Justicia de nuestro país, la última etapa del escándalo sobre sobornos de Odebrecht y el consorcio Ruta del Sol II. Por ello, el paso dado por la Corte Suprema al reconocer los impedimentos de la Vicefiscal debe servir para despejar la atmósfera enrarecida que rodea el peor caso de corrupción descubierto en Colombia.

Desde el punto de vista institucional, la decisión de la Corte no es nada extraordinaria. Previamente, el fiscal general Néstor Humberto Martínez se había declarado impedido para actuar en el caso de la concesión citada, aduciendo sus relaciones profesionales con el grupo Aval, y sus actuaciones como abogado en ese caso. Lo que no le había impedido actuar contra Odebrecht y tomar decisiones de fondo para investigar la trama corrupta, desenmascarar a muchos de los implicados y ponerlos a buen recaudo.

Ahora, la señora Vicefiscal se declara impedida por su relación de dependencia directa con quien es su jefe en el organismo investigador. Aunque ella no lo exprese de manera abierta en su solicitud, en esa actuación debieron incidir las nuevas circunstancias producidas por las revelaciones del fallecido Jorge Enrique Pizano, en las cuales quedó en evidencia el conocimiento previo que tenía el doctor Martínez Neira de hechos anormales en el desarrollo del contrato y sus actuaciones como abogado en la diferencias entre la nefasta multinacional brasileña y su cliente, el grupo financiero colombiano.

Esa relación y la forma en que fue revelada causó gran revuelo, llevando a que se exigiera de distintas maneras, incluido un arduo y acalorado debate en el Senado, la designación de un investigador independiente. Aunque eso no es una tacha a la doctora María Paulina Riveros ni a la labor que ha venido desempeñando al frente de tan delicada y crucial investigación, debe entenderse como el reclamo del país para que haya total transparencia en un asunto en el cual están comprometidos muchos intereses económicos, políticos y sociales.

En ese orden de ideas, la decisión de la Corte responde al clamor nacional. Y si bien no es una actuación extraordinaria puesto que responde a la aplicación de normas existentes, sí tiene un significado especial. Se trata de despejar en lo posible las sospechas sobre eventuales interferencias de personas y entidades involucradas en lo que se ha convertido en el símbolo de la corrupción en el país.

Lo que sigue es recibir la terna que presentará el Presidente de la República y escoger la persona que se desempeñará como Fiscal Ad Hoc. Aunque es claro que deberá actuar con los elementos y el personal que a su disposición ponga la Fiscalía que dirige el doctor Martínez, debe darse por descontado que recibirá toda la colaboración que requiera y tendrá la independencia necesaria para llegar a la verdad.

Porque esa verdad es necesaria y ante la trascendencia que tiene para devolverle la credibilidad a la Justicia colombiana, quien sea designado tendrá que actuar con rapidez, transparencia y efectividad. Es la manera de empezar a superar una de las peores crisis de confianza por las que ha atravesado la institucionalidad de Colombia.