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Final melancólico

En resumen, y según los documentos oficiales que justificaban las reformas, era un esfuerzo por “construir un modelo coherente que fuera más allá de los enunciados y los propósitos generales”. Hoy puede decirse que si bien pasó la primera parte, la segunda fracasó de manera melancólica en el trámite legislativo, dejando problemas de gran calado para atender ese Derecho Fundamental, el más importante de los cuales es la exigencia al tesoro público de aportar sin límite alguno para cubrir esa obligación.

5 de junio de 2014 Por:

En resumen, y según los documentos oficiales que justificaban las reformas, era un esfuerzo por “construir un modelo coherente que fuera más allá de los enunciados y los propósitos generales”. Hoy puede decirse que si bien pasó la primera parte, la segunda fracasó de manera melancólica en el trámite legislativo, dejando problemas de gran calado para atender ese Derecho Fundamental, el más importante de los cuales es la exigencia al tesoro público de aportar sin límite alguno para cubrir esa obligación.

Mientras la Corte Constitucional declaraba la legalidad de la Ley Marco que entre otras medidas declaró la salud como Derecho Fundamental, en la Cámara de Representantes se hundía el proyecto de ley ordinaria que presentó el Gobierno desde octubre del 2013. Con lo cual vuelve a quedar coja la capacidad del Estado para resolver una crisis que además de consumir recursos públicos, deja en vilo la posibilidad de atender ese Derecho.En principio, parece inexplicable que el Congreso no haya podido ponerse de acuerdo para sacar avante lo que debería ser un paso previamente acordado, cuando se logró el consenso para aprobar la Ley Marco de la Salud. En otros términos, era de esperar que la coalición mayoritaria se impusiera para respaldar una iniciativa gubernamental de gran importancia para poner orden en un servicio público que pasa por el peor momento desde su creación en 1993. Pero no fue posible. Y la causa puede encontrarse en los temas que incluía el frustrado proyecto: creación de una entidad pública que centralizaba el manejo del sistema, transformación de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, en gestores y una administración en la cual se le daba gran importancia a los departamentos y municipios. Además, se ampliaba los beneficios a los usuarios mediante la creación de un plan integral que evitara el tener que recurrir a la tutela para tener derecho al servicio. En resumen, y según los documentos oficiales que justificaban las reformas, era un esfuerzo por “construir un modelo coherente que fuera más allá de los enunciados y los propósitos generales”. Hoy puede decirse que si bien pasó la primera parte, la segunda fracasó de manera melancólica en el trámite legislativo, dejando problemas de gran calado para atender ese Derecho Fundamental, el más importante de los cuales es la exigencia al tesoro público de aportar sin límite alguno para cubrir esa obligación. ¿Qué ocurrió? Algunos tratan de mostrar el fracaso como el resultado de grandes diferencias entre las distintas bancadas con asiento en el Congreso. Pero en ese fracaso influyó el descarado juego de intereses que llegó a transformar el proyecto en una colcha de retazos imposible de aplicar. Quedó claro entonces que el lobby abierto de las empresas privadas se sumó a la anarquía o la desidia de los partidos para ordenar el debate, ocasionando la muerte lenta y segura del proyecto que pretendía resolver uno de los grandes problemas del país.Es decir, no existió la voluntad política para aprobar la segunda parte de la Reforma a la Salud, a pesar de ser una iniciativa gubernamental que debería contar con el respaldo de la llamada Unidad Nacional. Con lo cual, el asunto quedará para el próximo gobierno, si lo considera prioritario, y deberá ser reestructurado para buscar su aprobación. Por fortuna, las autoridades se han movido para resolver asuntos como el abuso en el precio de los medicamentos. Pero ya está claro que la Salud en Colombia seguirá siendo motivo de controversias y de tutelas sobre lo que la Ley Marco declaró como Derecho Fundamental.

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