En defensa de los páramos

En defensa de los páramos

Junio 29, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

El miércoles, mientras la atención se centraba en el proyecto de reglamentación de la Justicia Especial de Paz, JEP, el Congreso aprobaba la ley de protección de páramos. Se espera que con ella se concilien las diferentes posiciones que hay sobre el particular y se encuentre el equilibrio entre la conservación de esos ecosistemas y el bienestar de sus comunidades cercanas.

Se debe reconocer que Colombia lleva años tratando de establecer unas políticas públicas coherentes y acertadas que detengan el deterioro ambiental que sufren sus páramos. La razón es vital: ellos son la mayor fábrica de agua del país, en la que nacen las fuentes hídricas que abastecen al 70% de la población Colombia, y además constituyen la séptima reserva acuífera del mundo.

Por ello desde mediados del siglo pasado se han expedido leyes y normas, se han puesto límites a la explotación minera así como de hidrocarburos y se han hecho delimitaciones para que haya certeza sobre el territorio que debe ser protegido. Sin embargo, el deterioro no se ha detenido, mientras que algunas de las medidas adoptadas han generado conflicto con las poblaciones que habitan en la zona y que tienen su economía doméstica ligada a los páramos.

Esas discrepancias han llevado incluso a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el fundamento de varias de las normas o dé reversa a decisiones tomadas porque no cumplen con las disposiciones de protección ambiental o social establecidas por la Carta Política. Ahí está el origen de la nueva ley aprobada, que deberá sancionar en los próximos días el Presidente de la República.

En esencia lo que establece la legislación es que se haga lo necesario para resguardar los 36 páramos colombianos, que ocupan 2,9 millones de hectáreas y representan el 50% de esos sistemas ambientales existentes en el Planeta. Acata así mismo la decisión de la Corte Constitucional de prohibir cualquier actividad minera a gran escala dentro de las áreas de protección definidas, con efecto retroactivo a aquellas licencias de explotación otorgadas antes del 2010.

La norma ordena además la recuperación de las zonas de páramo afectadas, incluido ese 15% que se ha perdido por la expansión de las fronteras agropecuarias, para lo cual se deben realizar las inversiones necesarias financiadas ya sea con recursos públicos u obtenidos por el pago de servicios ambientales o de las tasas por uso de agua. Se promueven además las compensaciones por su cuidado y beneficios para los municipios que garanticen su conservación.

Por primera vez una ley de páramos reconoce a las poblaciones que habitan en la zona, establece el respeto a las actividades económicas que realizan a pequeña escala y para su sustento, como la minería artesanal o la agricultura, pero establece que debe hacerse el tránsito hacia una economía sostenible que cumpla con la protección de los páramos. Es el equilibrio entre lo ambiental, lo social y la generación de ingresos por la que clamaban las comunidades históricamente vinculadas a esos ecosistemas.

Aprobada y sancionada la Ley, ahora llega la hora de la verdad: que se implementen las disposiciones, se cumplan a carta cabal y no se conviertan en letra muerta ni en una nueva decepción ambiental. Es el futuro del agua para los colombianos lo que está en juego.

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