Empieza la JEP

Aprobada la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, JEP, ese tribunal comenzó a funcionar. Las expectativas son muy grandes y el desafío es generar la credibilidad que se requiere para que sea el vehículo para empezar la reconciliación que se espera.

La JEP empezó llamando a indagatoria a 32 jefes de la antigua guerrilla de las Farc para que respondan sobre 8000 casos de secuestro y también aceptando la solicitud de un General de la República de someterse a esa jurisdicción para que sea ella la que resuelva los casos en su contra. Todo eso empezará a tramitarse a partir de hoy en el tribunal que deberá aplicar la justicia transicional como alternativa política para resolver el conflicto.

En el caso del general en retiro Henry Torres, el mensaje que se transmite es que no es necesaria una reforma constitucional para crear un nuevo procedimiento que estudie y resuelva los casos de miembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes cometidos durante el conflicto. Pero sí se requiere la actuación transparente, alejada de prejuicios y de sesgos ideológicos o de cualquier otra especie que lleven a crear sospechas sobre las actuaciones de la nueva jurisdicción.

En cuanto a los integrantes de las Farc, los más de ocho mil expedientes por secuestro contra 32 de sus cabecillas, entre los cuales se encuentran seis congresistas de los diez definidos en los acuerdos con ese grupo, corresponden en su mayoría a hechos ya juzgados, con sentencias condenatorias de la Justicia ordinaria. En esos casos la labor de la JEP sería confirmar esos acontecimientos, darles a los acusados la oportunidad de contar la verdad, averiguar qué sucedió con los secuestrados desaparecidos y determinar cómo pagarán por esos crímenes así como la manera en que resarcirán a sus víctimas y a sus familias.

En ese sentido, será clave definir si pueden ejercer como Legisladores quienes han sido condenados por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad como el plagio, el desaparecimiento o la creación de campos de concentración en los cuales se hizo tabla rasa de los más elementales principios del Derecho Internacional Humanitario y aún no han asumido sus responsabilidades. Así como ofrecer una justicia especial con condiciones excepcionales en materia de confinamiento, el que respondan ante la Nación por sus hechos es fundamental para que los colombianos crean y respalden a la Justicia Especial.

Lo que se espera de los magistrados de la JEP es un manejo transparente de los procesos que adelantarán, con la neutralidad que amerita y sin sesgos. Así mismo se confía en que se respeten los procesos que la Justicia ordinaria realizó ateniéndose a las leyes, evitando que sus decisiones desconozcan actuaciones legítimas y ocasionando un indeseable choque institucional.

La otra preocupación es que esa instancia le abra el camino a la impunidad. A partir de hoy, lo que demanda el país es poder conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante los 52 años que duró el conflicto con las Farc, así como ofrecer las garantías que deben rodear a quienes desde las instituciones combatieron la violencia.