Emergencia y transparencia

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Emergencia y transparencia

Enero 21, 2021 - 08:33 a. m. Por: Editorial .

La administración municipal de Cali empezó el año decretando la urgencia manifiesta para atender la emergencia que ha ocasionado la pandemia y los efectos causados en muchos sectores de la ciudad. Hasta dónde llegarán esas facultades, cómo se garantizará la transparencia y cuál será el papel de los organismos de control en la vigilancia en el uso de ese recurso, son las grandes preguntas del momento.

Debe reconocerse en primer lugar que la urgencia manifiesta es un recurso reglamentado por múltiples normas, fallos judiciales y reglamentaciones, dirigido a proporcionar al Estado mecanismos de acción rápidos y efectivos para atender una emergencia. Desde esa perspectiva, se presume que el gobierno municipal está actuando conforme a la ley al decretarla, y corresponderá a la Justicia pronunciarse sobre la legalidad del decreto municipal.

Otra cosa es la manera en que se usa y en concreto, las garantías que tendrá la ciudadanía sobre la correcta aplicación de una facultad que permite pasar por encima del estatuto de contratación. Más aún cuando el último año ha sido particularmente lleno de polémicas originadas en la forma en que se utilizaron hace nueve meses al realizar contratos por $90.000 millones con idéntica motivación, varios de los cuales terminaron en investigaciones que están a la espera del fallo en los organismos de control municipales y nacionales.

Ahora, el alcalde Jorge Iván Ospina usa esas atribuciones y delega en diez dependencias la realización de contratos directos para atender idénticos problemas. De nuevo, los caleños se preguntan por qué no les informan sobre la manera en que serán usadas, sobre la base de que es el Alcalde como primera autoridad quien debe responder por la administración del patrimonio público y de los impuestos que pagan los caleños.

De otra parte, el decreto hace referencia a que serán los organismos de control local, es decir, la Contraloría Municipal y la Personería los encargados de realizar la vigilancia de la contratación que se derive de esas facultades. Otro motivo de preocupación, pues sabido es que sus titulares son producto de las alianzas que en el Concejo se realizaron para ofrecer respaldo político al gobierno municipal, lo que genera inquietudes.

Sabido es que el Municipio ha adelantado múltiples y polémicas contrataciones apelando a los convenios interadministrativos, práctica adoptada por la Personería para comprar televisores y computadores. Y frente a ello sólo existe el silencio de la inmensa mayoría de los concejales que pertenecen a la coalición de gobierno ante actuaciones como la Feria virtual, el alumbrado navideño o el mantenimiento a las cámaras de seguridad de la ciudad.

Esos antecedentes generan dudas y justifican que se pida la mayor información posible sobre el uso que se dará a las facultades. Ante la interferencia de la coalición que forma el gobierno local, es imprescindible reclamar la actuación preventiva de la Contraloría General y la Procuraduría de la Nación. Es la transparencia que evita sospechas y construye confianza sobre el manejo de los recursos públicos de parte de los gobernantes.

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