El trasteo de votantes

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El trasteo
de votantes

Septiembre 19, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

La noticia de por sí debería hacer reaccionar a todas las instituciones: 915.000 inscripciones de cédulas de ciudadanía para las próximas elecciones departamentales y municipales han sido anuladas por sospechas de ser producto del trasteo de votos. Es decir, el 3% del censo electoral y cerca del 6% de los estimativos de votos de acuerdo con la tendencia histórica, pueden ser producto del fraude que se produce con esa práctica.

La información adquiere mayores dimensiones si se tiene en cuenta que el trasteo se está utilizando para influir en las elecciones de alcaldes en municipios donde una decena de sufragios puede alterar el resultado final. Para ello, los artífices de la trampa recurren a la compra de esos votantes, a quienes trastean desde ciudades como Cali y les pagan por todo el proceso que concluye con el depósito en las urnas electorales del derecho a elegir convertido en un vulgar negocio de compraventa.

Esa aberración se produce en ciudades como Palmira, o en pequeñas poblaciones ubicadas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y no es promovida sólo por las organizaciones criminales que hacen presencia en regiones como el suroccidente del país o en el Litoral Pacífico, donde pretenden sumar el poder que significan los cargos de representación popular a su capacidad de violencia y de criminalidad.

Es un viejo vicio de la política que involucra a muchos de los movimientos tradicionales y a la cada vez más abundante cantidad de organizaciones que han recibido el reconocimiento de las autoridades electorales a pesar de su escasa votación, y ahora registran miles de avales regados en municipios donde no se conoce su existencia. Es toda una degradación de la política impulsada por la posibilidad de comprar votos para convertir en negocio privado el ejercicio de la política para pagar la inversión con los presupuestos públicos o con la explotación de los cargos públicos para defender intereses particulares.

“Artículo 389. Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros”.

Así reza la Ley 1864 de 2017, en la cual se establecen como delitos varias conductas que en el pasado no recibían sanción alguna, pese a ser usadas para alterar la voluntad popular. Es necesario entonces que los colombianos conozcan esa norma y que las autoridades, en especial las electorales, procedan a entablar las denuncias que sean del caso para impedir una nueva burla a la democracia.

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