El salto de la liebre

"Así, el chantaje que implica esa nueva solicitud, avisada por la señora Córdoba, es una estratagema hábil para lograr lo que Colombia y la comunidad internacional le niega a una organización dedicada a sembrar el terror, la muerte y la destrucción".

Cuando ya se pensaba que las Farc estaban dispuestas a terminar con el largo suplicio al cual condenó a decenas de policías y soldados, saltó la liebre. Ahora, las familias y las víctimas de secuestros que llevan doce y más años sufriendo el peor de los atentados contra su dignidad como seres humanos son objeto de una nueva burla. Porque ningún calificativo distinto puede merecer el que la guerrilla exija una visita de doña Piedad Córdoba y su grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz a las cárceles, dizque para revisar las condiciones en que se encuentran los “presos políticos”. Es la misma solicitud, ahora convertida en exigencia para liberar a los diez policías y soldados secuestrados, que presentó la exsenadora al Ministro de Justicia. Y sólo se explica por la intención de explotar hasta el final el drama de eso seres humanos, sin importar el rechazo que genera.Es que en Colombia no existen presos políticos y quienes han sido apresados por hechos criminales y están en centros de reclusión por actos de terrorismo o por delitos como el homicidio, el secuestro, el tráfico de estupefacientes o el reclutamiento de menores para fines ilegales, gozan de las mismas garantías de todos los presos. Es decir, derecho al debido proceso, protección a sus Derechos Humanos y visitas de sus familiares en los tiempos que autoriza la ley. Nada, salvo la extrema peligrosidad de algunos de los miembros de las Farc detenidos por crímenes de lesa humanidad, indica que exista un tratamiento diferente o una calificación excepcional. Lo que sí está sucediendo es que con ello se pretende es aprovechar la angustia de esos diez seres humanos para lograr un reconocimiento que no han alcanzado en los últimos diez años, después de que el entonces presidente Andrés Pastrana debió cancelar los diálogos de paz y el despeje del Caguán, debido a la traición de ese grupo.Entonces, acceder a esa, en apariencia ingenua petición, es el reconocimiento del carácter político de quienes han sido apresados por sus crímenes, por supuesto vinculados a las Farc. Con lo cual se podría extender ese reconocimiento al resto de ese grupo ilegal. Así, el chantaje que implica esa nueva solicitud, avisada por la señora Córdoba, es una estratagema hábil para lograr lo que Colombia y la comunidad internacional le niega a una organización dedicada a sembrar el terror, la muerte y la destrucción.Ante tan evidente intento por explotar hasta el último minuto el sufrimiento de los secuestrados, ni el Gobierno ni la Nación pueden caer en la celada que les han tendido sus victimarios. Ya está en marcha el operativo para devolverlos a la libertad, incluidos el acuerdo con el Gobierno de Brasil y con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la aprobación del protocolo para la liberación ofrecida por las Farc hace cuatro meses. Sólo falta entonces que las Farc cumplan con sus anuncios para que esos colombianos que llevan hasta catorce años padeciendo el suplicio del secuestro regresen vivos, libres y en paz a sus hogares. Lo demás, es un chantaje inaceptable para la Nación.