El reto de las finanzas públicas

Luego de un año en el cual los ingresos del Estado evidenciaron signos preocupantes que requirieron de una nueva reforma tributaria, el 2019 presenta un aspecto aún más delicado. Es el vacío que muestra un presupuesto desfinanciado que reclama mensajes y acciones para evitar que cause serios daños en la confianza de la economía y en su estabilidad.

Está claro que los ingresos no le alcanzaron al Estado, por lo cual debió recurrir a aumentar el endeudamiento mientras recortaba el gasto en algunos rubros. Tal situación llevó a que el nuevo gobierno recibiera como herencia el mayor presupuesto en la historia del país, mientras tenía que presentar una reforma para tratar de cubrir los gastos por doscientos cincuenta y nueve billones allí planteados.

Esa propuesta recibió grandes críticas y fue ajustada luego de duros debates, al punto en que quedaron faltando alrededor de siete billones de pesos para completar lo que el gobierno anterior había planteado y el Congreso aprobó en octubre pasado. Ello significa que a partir del primero de este mes arrancamos con un déficit fiscal del 2,3%, suponiendo que se cumplan las expectativas de ingresos planteadas por el gobierno en los cálculos que se hicieron cuando se aprobó la llamada ley de financiamiento.

En apariencia, y si se cumplen los pronósticos, tal déficit parecería encajar dentro de la regla fiscal. Además, ya la administración del presidente Iván Duque anunció su propósito de reducir los gastos y las inversiones del Estado para evitar que se presente el temido déficit, que de crecer se traduciría en desconfianza, amenazaría las calificaciones de riesgo y se convertiría en una carga si, además, el comportamiento de la economía y el recaudo de impuestos no alcanza las proyecciones sobre las cuales se basó el gobierno.

Es pues un momento que requerirá de decisiones no muy fáciles de tomar para alejar los peligros. Decisiones como recortar la inversión social, o como limitar los gastos de un aparato estatal que se acostumbró a exigir más y más recursos. Mientras tanto, parecía olvidarse que la capacidad de tributación de los colombianos tiene un límite, y los ingresos petroleros sobre los cuales se recuesta esa propensión al gasto están expuestos a la incertidumbre de un mercado que sube y baja por razones que Colombia no puede controlar.

Todo ello demanda un manejo que mantenga la confianza y despeje las dudas con las cuales arrancó el presente año. Por supuesto, aún queda la posibilidad de crecer el endeudamiento, algo que le daría liquidez al Estado pero conduciría a aumentar las preocupaciones sobre las finanzas públicas. Y también queda la expectativa de apelar a una nueva reforma tributaria, aún sin esperar los resultados de la ley de financiamiento aprobada con angustias en diciembre.

Como puede observarse, el Gobierno Nacional no la tendrá fácil. Y deberá actuar con la prudencia y la decisión que sean necesarias para mandar el mensaje de tranquilidad y firmeza que se requiere para impedir que la inestabilidad en las finanzas públicas se traduzca en el factor que desequilibre a la economía y espante la inversión.