El rescate de la Amazonía

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El rescate de la Amazonía

Abril 06, 2018 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que convierte en sujeto de derechos a la Amazonía trasciende la esfera ambiental. Con él se busca garantizar que las generaciones futuras crezcan en un entorno natural sano y que el Estado asuma la responsabilidad de lograr que así sea.

Hace dos meses, cuando 25 niños y jóvenes entre los 7 y los 26 años de edad interpusieron una acción de tutela para detener la deforestación de la selva amazónica por considerar que se vulneraban sus derechos esenciales a vivir en un ambiente sano, a la salud, a la vida y al agua, se pensó que no era más que un acto simbólico. El jueves anterior la decisión en segunda instancia de la Alta Corte dejó en claro que había que tomarlos en serio y ordenó detener el daño que se le está haciendo a la más importante reserva natural del mundo.

La preocupación de esos niños y jóvenes, que actuaron a nombre propio, en representación de sus municipios y en general de los ciudadanos colombianos, estaba justificada. En lugar de cumplirse el compromiso hecho en el 2015 por el Gobierno Nacional en el sentido de reducir a cero la deforestación en los siguientes cinco años, ésta se incrementó en un 44% durante el 2016 hasta alcanzar 178.597 hectáreas pérdidas, siendo las selvas de la Amazonía las más afectadas con 70.074 hectáreas de bosques arrasadas.

Las causas se saben: acaparamiento de tierras para dedicarlas a la agricultura y la ganadería, presencia de cultivos ilícitos, actividades mineras ilegales y extracción ilícita de madera. Es decir, lo mismo que sucede en otras partes del territorio colombiano donde hay reservas naturales y escasa presencia del Estado así como de autoridad para protegerlas.

También son conocidas las consecuencias. Las selvas pierden su capacidad de condensar el agua y liberarla en forma de ríos aéreos que viajan por América para nutrir los nacimientos y afluentes hidrográficos. Así mismo, a menos bosques más calentamiento global porque no hay la cantidad de árboles que se necesitan para absorber y procesar las emisiones de dióxido de carbono.

Todo ello es lo que hay que detener, tal cual lo ordena el fallo de la Corte Suprema, que entre otras cosas deja en claro que aunque la acción de tutela se presentó de forma colectiva, los derechos vulnerados son individuales. Los responsables de que así se cumpla son el Gobierno Nacional, los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, la Dirección de Parques Nacionales, las tres Corporaciones Autónomas Regionales, todas las gobernaciones y todos los municipios que están en territorio amazónico.

En cinco meses como máximo, cada uno deberá presentar sus programas de acción y los Planes de Ordenamiento Territorial tendrán que estar adaptados a esa necesidad. Sin embargo las decisiones administrativas y judiciales en contra de quienes atentan contra la Amazonía deben comenzar de inmediato.

La duda es si con el fallo de la Alta Corte se logrará lo que no se ha conseguido con las numerosas políticas públicas expedidas y los recursos asignados en los años recientes para la región Amazónica. O si la orden hará que, al fin, las autoridades actúen con la contundencia que se necesita para proteger la gran riqueza natural con que cuenta Colombia.

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