El regreso al pasado

Reconociendo la gravedad de esas acciones, los ataques contra la Fuerza Pública de parte del Eln no son otra cosa que la repetición de una estrategia dirigida a obligar al Estado a hacer concesiones. Es el uso del terrorismo como inaceptable instrumento con el cual se pretende demostrar un poder falso que amedrenta a los colombianos mientras se trata de dar a entender la debilidad de las autoridades para impedirlo.

Como en épocas anteriores, la bases de la Fuerza Pública han sido atacadas con cilindros cargados de explosivos o con disparos que siembran incertidumbre en la población civil. Es como si con ello se quisiera probar que los atacantes sólo les interesa demostrar que son un movimiento de carácter político que lucha contra el establecimiento representado por esas instalaciones, creadas por las autoridades para ofrecer seguridad en el territorio nacional.

Pero de manera simultánea, organizaciones como las disidencias de las Farc o el Eln siguen involucradas en el narcotráfico y realizando toda clase de delitos contra la sociedad, como el secuestro, la minería ilegal o el constreñimiento al cual han sometido al Chocó, al Cauca y a una amplia zona de Nariño. De ahí que sea necesario desplegar la acción de la Fuerza Pública para contener lo que sin duda es el desafío de la ilegalidad para imponer el imperio del delito.

Los ataques contra la base aérea de Yopal en el Casanare, o el cometido el pasado viernes contra un batallón del Ejército Nacional en Tame, Arauca, son demostraciones de esa estrategia. Tal vez, la diferencia con lo ocurrido en épocas anteriores es que se perpetraron en regiones cercanas a la frontera con Venezuela, país que brinda abrigo a los cabecillas de esos grupos armados.

Y en el Pacífico colombiano se aumenta la amenaza contra la población y el asesinato de quienes protestan contra el crimen al que someten a sus comunidades. Así aprovechan las dificultades del Estado para hacer presencia, combatir la delincuencia y acabar los cultivos ilícitos y el narcotráfico que ahora tiene aliados en los carteles mexicanos.

Por ello debe destacarse la creación del Comando Específico del Cauca, destinado a combatir los focos de violencia que ha crecido en el norte de ese departamento y el sur del Valle. Es la manera de dejar atrás la inocencia, de recuperar el imperio de la ley y de proteger a la ciudadanía de quienes aprovechan el corredor que lleva de la cordillera central al litoral para sus negocios.

Hay pues un regreso a tácticas conocidas con suficiencia. Hacer uso del terror, ofrecer negociaciones para tratar de mostrar intenciones políticas mientras se continúan las empresas criminales con las cuales se enriquecen a costa de destruir el medio ambiente y de atemorizar a los campesinos.

Esa realidad no puede ser desconocida y el Estado tiene la obligación de fortalecer la lucha contra esas organizaciones. Sin ingenuidad, hay que reconocer que por ahora, la política del diálogo ha sido superada por la necesidad de combatir el terrorismo y la criminalidad rampante con la cual quieren llevar a Colombia al pasado.