El Plan de la polémica

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El Plan de la polémica

Mayo 11, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

Cumpliendo lo ordenado por la Constitución Nacional, el pasado miércoles fue presentado ante el Concejo Municipal el Plan de Desarrollo. Es la propuesta del alcalde Jorge Iván Ospina sobre las metas que tendrá su gobierno en la conducción de Cali.

Debe decirse que la introducción al documento plantea un marco sombrío sobre la realidad de la ciudad, basado en estadísticas que reflejan la informalidad y los problemas sociales y económicos. Todo lo cual ha sido agravado, según sus palabras, “en las dificultades para generar bienestar y servicios para la mayoría de la población, especialmente para la población afrodescendiente, configurándose una segregación racial y socio espacial (sic)”.

A partir de allí, debe reconocerse que las 237 páginas del documento contienen una prolija descripción de lo que deberá realizar la Administración Ospina para llevar a cabo el programa de gobierno registrado por el alcalde cuando era candidato. E incluye capítulos y referencias frecuentes a los cambios que ocasionará la llegada del Covid-19 y su impacto en la sociedad caleña, en la protección que se debe brindar a sus habitantes y en el papel que, según los autores del Plan, debe desarrollar el Municipio como impulsor de la recuperación de la actividad económica para tratar de conjurar las amenazas que surgen con la pandemia para los caleños de menores ingresos.

Sin embargo, y a pesar de que se menciona en forma reiterada la nueva condición de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios no hay allí el desarrollo que se espera para llevar a su culminación esa nueva categoría de la capital vallecaucana. Es decir, se plantea la retórica tradicional en estos documentos, y se piden atribuciones especiales al Concejo para realizar lo que el documento propone como una Nueva Economía, pero se incluyen pocas acciones para darle cumplimiento a la ley que convirtió a la ciudad en ese Distrito.

Ahora sigue el estudio del Concejo Municipal a la propuesta. Ya aparecen reclamos de importancia, en especial, por la solicitud de delegación de funciones y atribuciones contenidas en las disposiciones finales del Plan, como la modificación al POT, la reforma a los estatutos de la Emru, o la autorización al alcalde para “estructurar y suscribir cualquier tipo de esquema asociativo público-privado”. Además se presenta la solicitud de autorizar al burgomaestre para declarar de utilidad pública los bienes privados requeridos “para los proyectos de inversión”.

Es claro que esas solicitudes rompen la unidad temática del proyecto por lo cual pueden ser ilegales. Pero también lo es que son los concejales quienes deberán revisar, aprobar o rechazar las solicitudes del Gobierno Municipal. Ellos deben ejercer el control político como integrantes de las instituciones a las cuales se les confía el manejo de los asuntos públicos de la ciudad.

Es de esperar entonces que el Concejo cumpla ese deber de cara a los caleños. Y que no se impongan las aplanadoras creadas por las alianzas clientelistas que transan el control a cambio de la repartición de la Administración Municipal, como ocurrió en épocas de infausta recordación.

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