El paro en marcha

De manera pacífica y sin causar traumatismos, debe continuar la protesta de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular. Es obligación de sus organizadores mantener el paro en los cauces de la legalidad, para evitar que ocasionen daños a la Nación y a la credibilidad del movimiento.

De nuevo se activó un paro con el cual representantes de sectores campesinos, indígenas y políticos pretenden conseguir reivindicaciones y cumplimientos del Gobierno Nacional. Es la protesta social que debe ser reconocida y respetada sin que ello signifique la autorización para causarle daño al resto de la sociedad. Según se conoce en los comunicados expedidos por la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular que completa tres días, la movilización se origina en los incumplimientos a los compromisos adquiridos por el Gobierno para levantar el paro que realizaron en 2013. Las cifras de entonces hablaban de más de un billón de pesos, de los cuales, según esos líderes, no se ha ejecutado más del 20% de lo comprometido. Por supuesto, la movilización tiene también contenidos de orden ideológico, político y económico. Grosso modo, se trata de exigencias dirigidas a cambiar la concepción del Estado sobre las diferentes formas de propiedad de la tierra, de reivindicaciones para los sectores indígenas y de dar vía libre a las Zonas Agrícolas Especiales, además de rechazar las normas recién aprobadas sobre las Zidres, Zonas de Inversión para el Desarrollo Rural, Económico y Social. E incluye un pronunciamiento contra la minería, tanto la ilegal como la intensiva que afecta los páramos y las vecindades de las comunidades campesinas. Hasta allí, el movimiento no debe tener objeciones, así no represente el pensamiento de todos los colombianos. En él están involucrados dirigentes y senadores del Polo Democrático Alternativo, la exsenadora Piedad Córdoba y su Marcha Patriótica, así como miembros de otras organizaciones con clara orientación partidista. Ello no puede dar pie a la prohibición de la protesta. Pero debe quedar claro que no es aceptable la intervención del ELN o las Farc, que le causará un daño grave a la credibilidad del paro. Tampoco es aceptable que la protesta se convierta en un desafío a la legalidad, o una oportunidad para perturbar la vida de la inmensa mayoría del país. Eso es lo que se produce cuando, como ocurrió hace dos años y medio, se bloquean vías de primer orden para el país, se generan desórdenes y asonadas que obligan a la actuación de la Fuerza Pública y llegan a crear desconcierto entre los colombianos.En desarrollo hay pues una movilización que ya causa inconvenientes en el Valle, en el Cauca y en otras catorce regiones de Colombia. Para responder a ella, el Gobierno Nacional ha ordenado el desplazamiento de sus ministros a los departamentos, para escuchar las inquietudes de los manifestantes y tratar de encontrar puntos de acuerdo. Así mismo, la Gobernadora del Valle ha dispuesto el traslado de su administración al corregimiento la Delfina en la vía a Buenaventura, para dialogar con los manifestantes y tratar de encontrar acuerdos. Así, de manera pacífica y sin causar traumatismos, debe continuar la protesta de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular. Es obligación de sus organizadores mantener el paro social en los cauces de la legalidad, para evitar que ocasionen daños a la Nación y a la credibilidad del movimiento.