El paro de costumbre

Ocho millones de jóvenes y niños debieron suspender ayer su educación debido al paro declarado por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, y la acogida de sus 350.000 afiliados. Es la consecuencia de la permanente crisis de las relaciones entre el Estado y los educadores, además de la eterna insistencia del sindicato en usar las vías de hecho ilegales, que generan la parálisis de un servicio público vital para la Nación.

Por supuesto, los maestros y profesores tienen todo el derecho a protestar por los incumplimientos a los acuerdos que han alcanzado en el pasado, o para exigir el respeto a los compromisos que adquirió el Gobierno para conjurar los paros del 2014 y 2015. También es imposible desconocer su justificado reclamo para que se resuelva la prestación del servicio de salud para ellos y sus familias, algo que se ha venido aplazando por diversos motivos.

Pero de ahí a impedir el sagrado derecho a la educación de millones de colombianos hay una gran diferencia, la que existe entre la protesta social legítima y respetable, y el abuso que lesiona a niños, jóvenes y familias cuya educación depende del Estado en todo el territorio nacional. Además, y visto desde la perspectiva histórica, esa maniobra que puede asimilarse a un chantaje contra la sociedad, parece ya un paro que debe incluirse en los calendarios académicos.

El paro lleva ya una semana, y a pesar de las movilizaciones protegidas por las autoridades no obstante que colapsan las ciudades, no reciben el respaldo popular. Ya es claro que no gozan de las simpatías de los colombianos quienes por el contrario condenan esas demostraciones y rechazan el daño que le causan a los estudiantes, las víctimas del desacuerdo y ante todo de la presión indebida que hay detrás de la parálisis indefinida decretada y mantenida por la poderosa organización sindical y sus dirigentes.

Es como si dentro de la agenda nacional fuera obligatorio registrar el pulso frecuente entre las autoridades nacionales y Fecode, que al parecer no sirve para resolver los conflictos. Y como si no existiera la forma de hacer entender que no hay los recursos suficientes para cumplir promesas y compromisos imposibles, por lo cual se deben apartar las semanas en las cuales la educación pública entra en receso obligado.

Después, cuando se levante el paro, vendrán los consabidos perdones a sus instigadores, lo cual sí se cumple con rigurosidad. Y los estudiantes no tendrán posibilidad para recuperar el tiempo perdido, el cual será cambiado por jornadas maratónicas denominadas cursos remediales. Eso es una burla a la obligación del Estado de ofrecer educación pública de calidad y con oportunidad a los colombianos que lo necesitan.

Se ahondará así la ya abrumadora diferencia entre la educación que reciben los estudiantes de las instituciones privadas y la que se imparte en las entidades oficiales. Y, de otra parte, los maestros y profesores vinculados al Estado perderán más oportunidades de capacitarse para desarrollar su labor y de paso mejorar su escalafón, mientras Fecode reclama un nuevo triunfo.